- El juez negó y luego autorizó un amparo contra “pozoleros”
- Arremetió también contra el juez zacatecano que amparó a Reynoso Femat
El cártel La Oficina desapareció en ácido a varias personas, la Procuraduría aprendió a los presuntos responsables y el Juzgado Tercero de Distrito amparó al propietario de “la finca pozolera”, en el Barrio de San Marcos.
También inició averiguación previa para investigar al juez Guillermo Baltazar Jiménez, y lamentó que ambos niveles de administración de justicia no se “acomodaran a los acuerdos económicos”; arremetió también contra el amparo sin técnica jurídica del juez zacatecano para proteger a Luis Armando Reynoso Femat.
El fiscal estatal escuchaba a familiares que le pedían no publicitar los nombres de las víctimas, a quienes la delincuencia organizada levantó, torturó, mató y pulverizó en una mezcla de ácido sulfúrico con agua en un tambo; a otra víctima intentó incinerarla y, a una más, la abandonó en un panteón.
Han ocurrido hechos, “graves, lamentables, de los cuales se había guardado el sigilo que amerita la investigación”, inició el funcionario, para anunciar enseguida la captura de Mario Arturo Martínez Paez, Ricardo Arturo Rentería Lara y José Carlos López Arias, internados ya en el penal de Sonora.
Son integrantes del cártel La Oficina. Están acusados de delincuencia organizada, narcomenudeo y homicidio, asociados a con seis integrantes de otro cártel cuya descripción se reservó; ejecutaron a cuatro personas en una finca al lado del 109 de la calle Talamantes, en San Marcos.
A las víctimas las levantaron los días 2, 12 y 19 de septiembre; a tres de ellas las “pozolearon”.
“Derivado de esos hechos -narró el procurador Muñoz Vázquez- se interpusieron diversos amparos; uno de ellos en forma por demás irregular, al margen del derecho. Rubén García Mateos, secretario del Juzgado Tercero de Distrito, nos dijo: ‘La delincuencia no se combate con delincuencia’. Creemos que se refieren a ellos mismos, porque lamentó que su equipo no se había acomodado con el nuestro, por falta de acuerdos económicos”.
Alzó la voz el funcionario y, categórico, manifestó: “Conmigo no va a haber acuerdos económicos con nadie, sino todo dentro del estado de derecho… Me han acusado muchas veces, nunca han podido comprobarme nada”.
El Juzgado Tercero de Distrito notificó a la Procuraduría la negación de un amparo, el número 2130/2013 lll-3; días después se presentó la actuaria Yolanda Torres Zamarripa para pedirle a la Procuraduría le regresara aquella notificación, lo cual no se hizo; más adelante llegó la nueva notificación del mismo juzgado, informando que había aprobado el amparo para que la finca al lado del 109 de Talamantes, en San Marcos, no fuera tocada por el Ministerio Público del fuero común.
La Procuraduría se negó a entregar el inmueble. Lo puso a disposición, ya consignado, ante el mismo juzgado, a lo que el personal del juez Baltazar Jiménez insistía en que diera por aceptado el amparo.
El procurador Felipe Muñoz Vázquez informó haber iniciado una averiguación previa para investigar qué fue lo que ocurrió en el Juzgado Tercero de Distrito y dijo que, de ser necesario, citará a comparecer al juez y todos los que estén implicados.
Alguien le preguntó sobre los abogados que intervinieron en la promoción de aquel amparo y dijo que habrá sorpresas, porque también serán citados a declarar; “son conocidos, han hecho marchas en mi contra, inconformándose con mi forma de trabajar”, precisó.
“Y en eso de los acuerdo económicos, yo le digo al secretario de ese juzgado que a lo mejor piensa que está en el bar y no en un juzgado”.
Foto: Gilberto Barrón.
