En la presentación de la iniciativa de reforma fiscal, el presidente Enrique Peña abrió una importante expectativa para la redefinición de la estructura tributaria del país; desde hace tiempo hemos conocido, con la información gubernamental a la que cada vez tenemos mejor acceso -en el nivel federal-, que México es uno de los países que tiene menor captación de recursos fiscales. El panorama de recursos para el gasto público se ensombrece, todavía más, cuando conocemos también que la economía informal es grande, con el efecto consecuente de que no está integrada a la tributación y a la aportación de recursos al mencionado presupuesto de egresos de la federación. También es sabido, comprensiblemente, que la baja recaudación fiscal del país está recargada en un padrón que no incluye a todos los trabajadores y empresarios de la economía informal, haciendo todavía más pesada la sustentabilidad de las empresas de la economía formal.
El diagnóstico de la reforma fiscal señala también que la economía no ha crecido a la altura de su potencial en los últimos 30 años, el 61.2 por ciento de los mexicanos carece de acceso a la seguridad social, el 45.5 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, México no cuenta con seguro de desempleo, y la población tiene una mayor prevalencia de obesidad, todo lo cual debe ser atendido.
Es por todo esto, y otras razones más, que la expectativa planteada por el presidente de la república dio confianza para que, aprovechando la inercia positiva del primer año de gobierno de la nueva administración federal, pudiera avanzarse en una redefinición de la estructura tributaria que permitiera una mayor captación de recursos fiscales.
En el documento de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014 se propusieron los motivos que animaron la búsqueda de un nuevo esquema fiscal; el inciso I plantea una reforma social y hacendaria que vinculara los ejes “México Incluyente” y “México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018”, para “crear los mecanismos de inclusión y protección social para garantizar a todos los mexicanos un nivel de vida digno”.
Los ejes que apoyarían la reforma social y hacendaria son los siguientes: “I, fomentar el crecimiento y la estabilidad, por lo que se fortalece la capacidad financiera del Estado Mexicano; II, mejorar la equidad del sistema tributario, al fomentar una mayor progresividad en el pago de impuestos; III, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, para reducir la carga que las personas físicas y morales enfrentan al realizar estas tareas; IV, promover la formalidad, reduciendo las barreras de acceso y ampliando los servicios de seguridad social; V, fortalecer el federalismo fiscal, al incentivar la recaudación de impuestos locales y mejorar la coordinación del ejercicio del gasto; y, VI, fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX) al dotarlo de un régimen fiscal más moderno y eficiente”.
La aplicación de estos ejes en la propuesta de reforma fiscal se consideró justa por los siguientes aspectos: no se impondría el IVA a los alimentos y medicinas, se acotarían los regímenes preferenciales existentes, se gravarían los dividendos y ganancias en la Bolsa de Valores, se eliminaría el Régimen de Consolidación Fiscal, se eliminarían exenciones regresivas al IVA, se homologaría el pago de IVA en todo el territorio nacional, se haría más progresivo el pago de ISR limitando las deducciones y exenciones, se modernizaría el cobro de los derechos de minería, agua y del espectro radioeléctrico.
El plan hacendario tuvo, por lo tanto, un doble fundamento: por un lado, la nueva visión de la sociedad mexicana construida por el gobierno federal y plasmada en su plan nacional de desarrollo; y, por el otro, la cuantificación de recursos que esperaría ejercer en el año 2014 a través de los programas de gobierno, para el logro de la visión mencionada.
La pregunta ahora es ¿cuál está siendo el resultado a esta propuesta fiscal? La respuesta, por lo pronto y en tanto se encuentra en el proceso legislativo en las cámaras de diputados y senadores, está provocando inconformidad en diversos sectores de la sociedad, como son los empresarios y los trabajadores, así como amenaza de problemas al funcionamiento de la misma economía.
Estamos, de lleno, en pleno debate fiscal; el aumento de impuestos, como resultante del trabajo legislativo, está contraponiéndose a la desaceleración que está teniendo la economía. El pretendido aumento en el gasto público para el año 2014, de 4.5 billones de pesos, también se está contraponiendo al crecimiento que está mostrando el PIB en la actualidad, de 1.4 por ciento como pronóstico.
La oportunidad para recuperar el sentido fiscal del impuesto al valor agregado, como impuesto al consumo, se ha quedado pendiente para otra ocasión, no sólo por no aplicarse a los alimentos y medicinas, sino porque se sigue dejando de lado lo que su ley determina en su Artículo 1º, que dice: “Están obligados al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o goce temporal de bienes, e importen bienes o servicios”.
Volver a este espíritu inicial significaría tener en cuenta dos puntos, de manera elemental: incluir todo lo que es objeto del impuesto, eliminando todas las exenciones autorizadas hasta ahora, y, segundo, darle a la tasa numérica del impuesto una ubicación baja y adecuada para todos los consumidores. De esta forma, la economía informal estaría con una mejor disposición para ingresar al padrón tributario, y los consumidores no nos asustaríamos con las altas tasas de este impuesto. Igual tratamiento requeriría el ISR.
De esta manera, no obstante que este año tengamos bajo crecimiento económico, es necesario evitarle problemas a la economía con sobrecargas fiscales que le vayan a generar problemas, dando equidad al sistema tributario, como lo señala la iniciativa; los legisladores tienen la palabra.
