Uno de los grandes problemas que enfrenta la clase política es el de la credibilidad. Para ello abonan mucho los continuos escándalos de corrupción de funcionarios públicos en todos los niveles, así como de acusaciones que en muchos casos no se sabe si son ciertas, pero que al hacer pública las denuncias generalmente no se sabe en que terminan éstas.
Durante la discusión en el Senado de la Reforma Política que fue aprobada el pasado miércoles 4 de diciembre, después de diez horas de discusiones, en la cual quedaron a deber una de las exigencias de la ciudadanía, y que fue bandera de campaña de la mayoría de los legisladores, inclusive del Presidente de la República: la reducción del número de Senadores y Diputados, eliminando a los plurinominales -32 Senadores y 200 Diputados-, con lo cual se regresaría a la proporcionalidad en el Senado -la mayoría de las veces el Senador plurinominal no vive en el estado que se supone representa-, pues el Senado es la sede del pacto federal y quedarían 3 Senadores por entidad federativa; en el caso de los Diputados si sólo son 300 distritos, los otros doscientos no representan a los mismos. Creo que la posición del Senador por Aguascalientes Martín Orozco fue la correcta y honró su promesa de campaña. Es una pena que los demás legisladores que ofrecieron lo mismo en campaña hayan faltado a su palabra, por eso están tan mal calificados los legisladores, están en la última calificación de la escala de preguntas de las encuestas, pero en fin.
Esta reforma estuvo basada en la desconfianza, pues se dice que los institutos locales están controlados por los gobernadores, no se les dejó a los congresos locales que ellos decidieran si se aprobaba en su entidad federativa dicha reforma, y como se dijo que también están controlados por el gobernador en turno, se decidió que en la constitución quede plasmado lo que debió quedar en la ley reglamentaria; esta desconfianza permeó en todas las decisiones que se propusieron y aprobaron.
Debemos tomar en cuenta que del Senado se envió a la Cámara de Diputados, que lo aprobó en lo general y discutió en lo particular el viernes 6 de diciembre; todavía debe ser enviada a los congresos locales para su aprobación por un mínimo de 17 legislaturas locales, algunas, efectivamente, controladas por los ejecutivos estatales podrían votarla en contra. Sin embargo en el actual régimen eso sería en algunos casos el suicidio político y en otros el ostracismo, tanto político como económico del gobernador que se atreviera a hacerlo, pues el sistema político hegemónico anterior ya se instauró de nueva cuenta, a pesar de lo que se diga, y si no al tiempo. Esto lo menciono por la incomodidad que han hecho patente varios gobernadores en sus declaraciones.
Por otra parte, le comento que las más importantes modificaciones aprobadas son la reelección de alcaldes, Diputados federales por 4 periodos y los Senadores por dos; esto en el caso de los Diputados a partir del 2015 y los Senadores en el 2018. Los Presidentes Municipales se podrán reelegir un periodo más si su gestión es de tres años, igualmente los diputados locales lo harán por un periodo más, pero no para los que estén en funciones al entrar la reforma en vigor.
Se crea el INE, Instituto Nacional de Elecciones, que suple al actual IFE -mocho pues solamente tiene cuatro consejeros, de nueve que obliga la ley. El INE tendrá 10 consejeros y un presidente, o sea dos más que el actual, y desaparecerán los institutos estatales. Este instituto nacional se hará cargo de todas las elecciones, locales y federales. Se obligará a los congresos locales a aprobar las modificaciones pues éstas estarán en la Constitución.
Se establece un sistema de nulidades en las elecciones, tanto federales como estatales y municipales, en los casos en que se excedan en los gastos de campaña en más de un 5 % de lo aprobado por las autoridades electorales; estas violaciones “deberán acreditarse de manera objetiva y material”. Por otro lado será determinante en el resultado si la diferencia entre el primer y segundo lugar es de menos del 5 % y se convocará de inmediato a una elección extraordinaria y el que haya infringido la ley con sus gastos no podrá participar de nuevo.
También se aprobó la figura de “denuncias frívolas”: “aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia”; o sea que todas las denuncias que se presentan de “machote” después de cada elección serán sancionadas.
También se aumentó el umbral para mantener el registro de los partidos a un 3 %.
Se establece la autonomía Constitucional del Consejo Nacional de evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL. Se transforma a la Procuraduría General de la República, en la Fiscalía General de la República con autonomía constitucional, el fiscal podrá ser removido por el Presidente de la República, pero podrá ser objetada la decisión por las dos terceras partes de los Senadores presentes en la sesión en la que se presente el caso. Así mismo se obliga a que el Congreso de la Unión, a más tardar el 30 de junio de 2014, expida las leyes que regulen los procedimientos y delitos electorales y las regulaciones a los partidos políticos nacionales.
Finalmente la Cámara de Diputados durante la madrugada del viernes pasado aprobó esta reforma con cinco cambios, entre ellos que la reelección de alcaldes también se dé en el 2018.
Creo que la sociedad será la que evalúe realmente que beneficios trae todo lo anterior y de qué manera se fortalece nuestra incipiente democracia. Interesante será ver qué gobernadores se oponen a la reforma para buscar que no sean 17 congresos locales los que la aprueben y con ello quede trunca. ¿Usted qué cree?
