- Turna el OSF a las contralorías internas los resarcimientos de cuentas públicas
- ISSEA y Jesús María con 36 y 19 mdp; cuentas pulcras del Supremo Tribunal
Once dependencias estatales (61,588,120 pesos) y los 10 municipios del interior (32,057,973 de pesos) serán obligados por sus respectivas contralorías internas a devolver al erario más de 93 millones 946 mil pesos que no comprobaron en sus cuentas públicas 2012, o podría darse intervención al Ministerio Público.
Se trata de las secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Comunicaciones, así como los institutos de Educación, de Salud, de las Mujeres y del Agua; Centro de Educación Científica y Tecnológica, Colegio de Educación Profesional Técnica, Proespa, Patronato de la Feria de San Marcos y el Fideicomiso de Desarrollos Industriales.
En este proceso que nunca se había realizado en Aguascalientes, resultaron limpias las secretarías de Seguridad Pública y del Medio Ambiente, Radio y Televisión de Aguascalientes, el Instituto de Cultura, la Universidad Tecnológica del Norte, el DIF estatal y el Inepja, entre los entes auditados por el Organo Superior de Fiscalización (OSF) en 2012.
La Universidad Autónoma de Aguascalientes, que resultó con no solventaciones por más de cinco millones de pesos en 2011, no fue auditada en 2012 pero sí lo será en 2013 (la justificación técnica son los montos ejercidos), mientras que el Supremo Tribunal de Justicia presume la más pulcra de las administraciones; “es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad”, dijo su presidente Fernando González de Luna a La Jornada Aguascalientes al enterarse del inédito galardón.
Entre las dependencias estatales la que cuenta con las observaciones no solventadas más cuantiosas es el Instituto de Salud, con 36 millones 789 mil 395 pesos con 90 centavos; y de los ayuntamientos, el de Jesús María es el más abultado con cuentas por pagar por 19 millones 488 mil 923 pesos con 98 centavos.
“Y es que la presidencia municipal abultó la nómina con más empleados de los que soportaba y al llegar las cuentas de fin de año, aguinaldos y esas cosas, no disponía de los recursos etiquetados para pagar esos compromiso”, explicó al reportero uno de los auditores.
Estamos hablando en esta información de “la joya de la corona” de las auditorías practicadas por el OSF -auxiliar de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado- en 2012 al 60% de las instituciones estatales, el 40% restante será auditado en 2014 y la revisión de cuentas irá hasta el fondo de los ejercicios.
Ahora vamos al detalle:
La Secretaría de Finanzas tendrá que resarcir dos millones 703 mil 399 pesos con 54 centavos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la Sicom un millón 684 mil 501 pesos con 67 centavos del FAFEF, 828,449.51 del FEOP (Fondo Estatal de Obra Pública) y 205,173.46 del Fondo Metropolitano.
También 352,263.76 de Hábitat, 216,865.64 para la Construcción de Protección Perimetral Pozo y 52,819.86 de Sectur.
Oficialía Mayor, gasto financiero: un millón 606 mil seis pesos con 73 centavos; Proespa 387,725.25, Inagua 5,181,559.24 (PRORE/Programas Regionales Ramo 23); Patronato de la Feria 119,822.88; FDIA 8’795,044.08; Cecytea 71,714.44; y el IAM 161,616.93.
Fondos federales por 163,061.15, más de 36’798,395.90 del ISSEA; 873,524.63 del Ceptea y tres millones 31 mil 747 pesos 60 centavos del IEA.
En cuanto a los municipios, Asientos tendrá que devolver siete millones 296 mil 642 pesos con 68 centavos; Calvillo 608.077.03; Cosío 1’177,969.31; El Llano 582,131.56; ya dijimos, Jesús María casi 20 millones de pesos, 160 mil pesos entre ellos por el agua; Pabellón 1’531,722.14; Rincón de Romos, 34 mil 976 pesos; San Francisco de los Romo, 695 mil 612 mil pesos con dos centavos; San José de Gracia, 331 mil 628.91; y Tepezalá, 150 mil 294 pesos con 50 centavos.
Estas cifras están contenidas en el resumen ejecutivo de las cuentas públicas 2012 del OSF, que fue puesto a disposición de los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, que preside el priísta Eduardo Rocha Álvarez, y que el pasado viernes sostuvieran su primera reunión de trabajo.
Lo sobresaliente de estas cantidades, casi 94 millones de pesos, es que las contralorías de las dependencias y ayuntamientos serán las encargadas de responsabilizarse de los procesos de resarcimiento, con la recomendación de que se paguen o se haga intervenir al Ministerio Público.
Foto: Gilberto Barrón
