- Ulises Morín Ortiz fue una víctima en una investigación, asegura Felipe Muñoz Vázquez
- En 2010 se resolvía el 19% de averiguaciones previas; actualmente se resuelve casi el 90%
El procurador general de Justicia, Felipe Muñoz Vázquez, rechazó ante el Congreso del Estado todo señalamiento de tortura y violaciones a los derechos humanos, y ponderó una administración de justicia eficiente: “de 19% de resultados en 2010 se pasó a casi 90% en 2014”, informó.
También, más allá del protocolo parlamentario, el funcionario respondió con amplitud y puntualidad a los cuestionamientos de los legisladores, y postuló con firmeza:
“No tenemos fronteras, seguimos a los delincuentes adonde vayan, porque la delincuencia no tiene fronteras… De 100 arraigos domiciliarios practicados, se consignó al 98%, unas 297 personas, algunas de ellas sentenciadas con más de 100 años de prisión. No pretendo el reconocimiento de nadie, ni vine a salir en el periódico como un héroe”.
Esta vez, la ausencia de sensibilidad política de otras sesiones fue subsanada con una sola intervención, la de la presidenta de la legislativa Comisión de Derechos Humanos, Anayeli Muñoz Moreno, que con su pregunta desactivó toda la “dinamita” que se esperaba del partido vecino: preguntó por señalamientos de tortura y la queja presentada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre el caso de Ulises Morín Ortiz: “¿Cuál es su versión, señor procurador?, ¿la podría compartir con este Pleno legislativo a este caso que ha sido del conocimiento de la opinión pública?”.
El procurador Muñoz Vázquez dijo: “Con relación a las quejas sobre los derechos humanos, debo decirle que nuestros policías, nuestros ministerios públicos, nuestros peritos, mantienen cursos que nos han venido a dar, porque mantenemos una estrecha comunicación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos han venido a dar”.
Aclaró que no sólo en los procesos de capacitación, sino en el desarrollo de la integración de la averiguación previa, se trabaja muy de la mano con la CEDH, “de hecho, ha habido temas en los que esa comisión participa en las detenciones, en los momentos de ser declarados, porque es la única manera que podemos transparentar la actuaciones de nuestros funcionarios públicos”.
Ha habido muchos señalamientos en contra de la PGJE pero infundados, dijo, porque los expedientes muestran la presencia de los visitadores de Comisión de Derechos Humanos. Puntualizó: “Hasta ahora no tenemos ninguna queja en la que se nos haya fincado responsabilidad, esto al tema que ha llamado la atención del caso Ulises (Morín); desde el momento en que se dio el hecho, ese mismo día tuvo intervención la CEDH; dos horas después me entrevisté con el abogado de la familia y les dije que estuvieran atentos a la averiguación para que ellos intervinieran”.
Por parte de la Procuraduría nunca hubo un señalamiento en contra de esa persona, “porque esta persona fue invitada a acompañarnos a reconocer unas fotografías de unos responsables que estaban identificados”.
Se tiene documentado que en ningún momento existió acto de tortura, “no puedo abundar mucho en este tema porque siempre será función del procurador privilegiar la integridad física y mental de una víctima, y en este caso él es una víctima. Yo he tenido reuniones con la familia y me comprometí a salvaguardar la integridad física y mental de esta persona”.
Ése fue el dato más duro de todos, que de algún modo también se refiere a denuncias ante la CNDH en la capital del país, sobre 150 casos de tortura, y zanjado el tema, el procurador Felipe Muñoz describió una administración de la procuración de justicia que no estaba en el imaginario popular: elevados estándares de eficiencia que relatan estadigráficamente, uno por uno, cómo han disminuido los diversos delitos en Aguascalientes, desde el robo de vehículos hasta los homicidios dolosos:
“Cuando llegamos había tanta impunidad que de unas 17 mil averiguaciones previas, entre el 15 y el 19%, voy a ser generoso, se resolvían, y las demás quedaban sin ninguna actuación; hoy, entre el 80 y el 90% son resuelta. Estamos obligados renunciar, quienes no cumplan con su responsabilidad deberán tener vergüenza”.
Ochenta malos agentes ministeriales, ministerios públicos y peritos, entre otro personal de la PGJE, han sido despedidos al año, por estar en cosas indebidas, remató.
Foto: Gilberto Barrón
