En lo que va del siglo en México se han puesto en marcha significativas reformas para hacer frente a la corrupción. Muchas han logrado incluso reconocimiento de la comunidad internacional. El combate a la corrupción es un largo camino que demandará esfuerzos de la sociedad civil en general, pero sobre todo de actores privados y públicos.
Hoy, al menos públicamente, se reconoce la lucha contra la corrupción como un valor social, y un deber ser indispensable para alcanzar el Estado de Derecho. Debemos buscar convertirlo en un hábito cotidiano para combatir la corrupción en todas las instancias.
La corrupción es una plaga maligna que tiene un amplísimo efecto corrosivo en la sociedad, que socava la democracia y aniquila el Estado de Derecho, provoca violaciones a los derechos humanos, distorsiona los mercados, hace subir los precios, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas directas a la sociedad y sus miembros.
En 2004 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención contra la Corrupción. En el documento se reconoce que este lamentable fenómeno maligno se da en todos los países -grandes y pequeños, ricos y pobres- pero sus efectos son especialmente devastadores en los que están en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia, y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras.
El Banco de México ha sostenido que “un sistema financiero viable necesita intermediarios eficaces y solventes, de mercados eficientes y completos, y de un marco legal que garantice los derechos y obligaciones de las partes involucradas”. Nada de esto es posible si no llevamos a cabo las reformas necesarias, pero sobre todo si no ejercemos todo el peso de la ley sobre quienes las incumplan.
Dentro de los logros del ex presidente Felipe Calderón, están la modernización del sistema financiero mexicano y una mejoría en el manejo de las finanzas públicas, lo que en definitiva sembró el camino para un verdadero desarrollo social. El presidente saliente impulsó reformas a la Ley Federal de Adquisiciones, que buscaron endurecer sanciones a funcionarios y empresas, y propuso reformas adicionales a la contabilidad gubernamental.
Después de los bochornosos acontecimientos de corrupción vividos en la campaña presidencial de 2012, en los cuales se involucró no solamente gobiernos estatales y partidos, sino incluso empresas financieras privadas y hasta tiendas de autoservicio, se puso sobre la mesa la posibilidad de establecer en el País una Agencia Anti-Corrupción.
Una agencia que se asemejara a una fiscalía especial, pero que dependiera poco de la Procuraduría General de la República. Ya sabemos que sobran los casos de expedientes enviados a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación y que al día de hoy se encuentran en algún suspenso de esos que se viven en el fondo de algunos cajones de la burocracia, logrando que muchos funcionarios ya señalados por la ASF se encuentren impunes.
Ante el retraso de la conformación de esta agencia, hoy surgen nuevamente escándalos mediáticos, que si bien no han sido demostrados por los medios que los han fabricado, involucran legisladores federales y alcaldes de todos los partidos. Estas versiones fáciles, son recibidas cómodamente por el inconsciente popular, ante la historia mexicana de casos de corrupción y la inexistencia de una autoridad con credibilidad que pueda atenderlas y deslindar responsabilidades.
Crear tanto a nivel federal como estatal Agencias Anticorrupción sería un logro sin precedentes en la historia de la rendición de cuentas, comparado con implementación de la transparencia en México en el sexenio foxista.
Sin sustituir a los órganos de control de las dependencias, esta agencia deberá iniciar procedimientos y perseguir delitos por investigaciones que le entregue la propia Auditoría Superior de la Federación, por malversación de fondos públicos.
Además deberán estar blindadas de vaivenes políticos y presiones del poder público de todos los partidos, principalmente del partido que esté en el poder en ese momento.
La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Si una agencia como esta cobra vida próximamente, puede mejorar mucho la calidad de vida de miles de personas, al eliminar uno de los principales obstáculos del progreso.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción concluye que “la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los gobiernos, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces”.
¿Podemos dar ya por entendido que la corrupción es el peor rival del desarrollo? ¿Es necesario repetirlo mil veces más? O es quizá momento de trazar un plan maestro contra la corrupción, que incluya acciones legislativas y políticas, homologar los estándares contables tanto de la federación, los estados y los municipios de México, transparentar las obras, los presupuestos y las deudas gubernamentales, castigar a los responsables, restituir patrimonialmente a las víctimas de la corrupción, incluyendo al propio erario, y generar valores sociales y educativas que ayuden a terminar o reducir al mínimo la corrupción.
Twitter @manuelcortina
