- El ombudsman Martín Jáuregui estaría a la espera de la opinión del Consejo Consultivo
- Algunos nombramientos minan la operatividad de la dependencia, señala Mario Álvarez
La nueva administración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) entró en funciones el pasado 16 de enero. Entre los pendientes administrativos de Eduardo Martín Jáuregui aún está el nombramiento de un contralor interno.
El procedimiento indica que el ombudsman deberá tomar en cuenta al Congreso del Estado.
“El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe hacer una convocatoria pública para el contralor, de esa convocatoria habrá de salir una terna, y de esa terna la Comisión Legislativa (de Derechos Humanos) habrá de elegir quién sea el contralor interno”, anotó el diputado Mario Álvarez Michaus.
El vocal de este órgano parlamentario envió una carta a Martín Jáuregui con motivo de solicitar la marcha del nombramiento.
–¿Hay una comisión coja?
–No sé si esté coja o manca, pero sí creo que le hace falta una de sus extremidades para poder dar el 100 por ciento.
La CEDH ya ejerce el presupuesto de 2014, mismo que le concede 14 millones 354 mil pesos.
Otro asunto en cartera es el establecimiento de un Consejo Consultivo, entre cuyas labores está la ratificación de visitador general y secretario general.
Martín Jáuregui, dijo el panista después de haber dialogado, desea tomar el parecer de este consejo a la hora de tratar de contralores.
La Comisión Legislativa de Derechos Humanos acordó ayer el lanzamiento de la convocatoria para seleccionar a los cinco elementos de dicho aparato.
Se echará mano de una consulta pública para determinar el nombre de los cinco ciudadanos que ostentarán el cargo honorífico a lo largo de cuatro años.
La propia comisión dio a conocer que dentro de las facultades del Consejo Consultivo también están:
Aprobar el Reglamento Interno de la CEDH, opinar sobre normas de carácter interno relacionadas, opinar sobre el proyecto del informe anual que el presidente presentará al Congreso del Estado, solicitar al presidente información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto el organismo, conocer el informe del ejercicio presupuestal, solicitar al presidente que proteste leyes que violen los derechos humanos y que fueran expedidas por el Legislativo.
“Como Congreso -consideró Álvarez- debemos abatir estas cuestiones que tienen peso específico en la operatividad de una dependencia… También hay un órgano que se llama Junta del Servicio Profesional, es la que garantiza la estabilidad de la comisión, esta requiere de un representante del Congreso del Estado que no sea diputado, tendrá que ser designado”.
Apuntó que este último procedimiento ni siquiera necesita el aval del Pleno, pues se trata de un paso de fácil finiquito, a cargo de la comisión legislativa en la materia.
