Las recientes noticias sobre una supuesta red de corrupción, manejo de información privilegiada y prerrogativas alrededor de la empresa de los hijos políticos del expresidente Vicente Fox, la empresa Oceanográfica, en connivencia con PEMEX, deja a la opinión pública con la sensación de que pudiera haber muchos otros actos de naturaleza similar. Al evidenciarse estas sucias acciones, se visibilizan las actuales pugnas entre los detentadores sexenales del poder. De hecho, más que la mera conducta reprensible de la familia que dispuso para sí la presidencia hace unos años, con su exposición queda a la vista un sistema de opacidad y ocultamiento de información respecto a lo que hacen, mientras pueden, quienes les toca el turno de ejercer el poder.
La opacidad es uno de los nutrientes más efectivos de la corrupción. Y es también el elemento más nocivo para el sano desarrollo económico. Al permear la opacidad y la restricción de información hacia las actividades económicas en general, se ha permitido el desarrollo y multiplicación de las prácticas monopólicas.
Gracias al cada vez más amplio acceso de la población a la información gubernamental, ésa que es de todos, la sociedad en general podría contar con los elementos necesarios y suficientes para contrarrestar las prácticas monopólicas tanto del poder político como del económico. La reciente discusión en el ámbito público de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones ha puesto en lenguaje común un conjunto de conceptos de orden jurídico y económico que aportan a la cada vez más necesaria construcción de ciudadanía económica.
Conceptos como “mercado relevante”, “actor económico preponderante”, “competencia y concurrencia”, se escuchan ya en los medios masivos de comunicación y, aunque referidos por el momento a las noticias referentes a la apertura comercial de las telecomunicaciones, empiezan a cobrar sentido en el ámbito más cotidiano de los ciudadanos de a pie. Y así como los promotores de la apertura del sector anuncian que con la estrategia de acotar el poder monopólico de las grandes compañías de televisión y telefonía se abatirán los precios, en algún momento los consumidores podrían descubrir que, aplicando el mismo criterio de transparencia en la información, eventualmente podrían abaratarse los productos de la canasta básica.
En el libro “Experiencias de participacion de movimientos sociales en la defensa y reivindicación de los derechos a la alimentación, vivienda y laborares en México 2012” (http://www.derechoshumanos.org.mx/IMG/pdf/informe_desca_nal_2012_1_.pdf), el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. subraya la gran importancia que tiene la participación ciudadana, como derecho a formar parte de las decisiones de la vida pública, para la reivindicación de derechos fundamentales. En la lucha a favor de los derechos humanos el primer elemento necesario a lograr es la transparencia y el acceso a información. Es por ello que la participación ciudadana no puede limitarse a un mecanismo gubernamental que la permita o regule. La obligación fundamental e indispensable de un gobierno que, como el mexicano, se han comprometido por el ejercicio pleno de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de sus ciudadanos, es que los órganos e instancias gubernamentales garanticen el libre acceso a la información de todo tipo, incluyendo la relativa a los mercados.
Inmersa la humanidad en la era de la información y las tecnologías que permiten el libre acceso a ésta, las sociedades del siglo XXI no pueden ya seguir -no deberían ya seguir- sujetas o limitadas por el ejercicio del poder de un grupo familiar, político, financiero o detentador del capital. El antiguo debate entre la propiedad de los medios de producción o del capital es algo que en la era de la información no debería siquiera existir. El factor relevante en el desarrollo de una sociedad, en sus ámbitos social, político y económico es la disponibilidad y facilidad de acceso a la información. Todo esfuerzo por la reivindicación de los derechos fundamentales del ser humano parte ahora del acceso a la información y la protección ante los abusos, de la cultura de la denuncia. Por tanto, la exigencia ciudadana más urgente y necesaria es libre internet para todos y la formación en el uso de los diversos dispositivos de acceso a éste. La honestidad en la vida política, la justicia social y equidad económica se darán, tal vez no por la bondad y honradez de los seres humanos, sino por temor a ser expuestos y evidenciados.
El estudio del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.” A.C. citado anteriormente refleja algo que a todos nos debería preocupar. En lo que se refiere a los derechos a la alimentación, vivienda y laborales, el común denominador ha sido la poca disposición y voluntad del gobierno para destinar recursos suficientes a la operación de políticas públicas y ejercicio de acciones tendientes a fomentar el derecho a la información.
La actual política pública respecto a los derechos alimentarios se distingue por el privilegio que el gobierno ha otorgado a los monopolios para participar proveyendo de forma exclusiva y participando mayoritariamente en los programas de la Cruzada contra el Hambre. Se mantiene además la política de promoción para la instalación de centros comerciales y tiendas de conveniencia comprometidos con los grandes monopolios de alimentos a nivel global, en detrimento de mercados públicos, tiendas de barrio y productos locales. De manera similar, la participación de proveedores monopólicos distingue a la política de vivienda y, con la reciente reforma laboral, el Estado ha renunciado a su obligación de velar por los derechos laborales.
Ya de manera aislada la población ha atestiguado casos en donde se han expuesto casos de abusos de autoridad, abusos comerciales, de violencia física o verbal. Esto es resultado de una creciente conciencia de la población en general respecto a los asuntos de interés comunitario. Con mayor acceso a la información y a internet es posible esperar que la población haga evidentes deficiencias gubernamentales en políticas públicas.
@jlgutierrez
