- Acusan a CAASA de insaciable; PT urge a imponerle un freno
- Detallan que el interés público y el derecho civil serían las vías
A nombre del Partido del Trabajo (PT), Jesús Medina Olivares dijo que la exigencia de 40 millones de pesos de CAASA hacia el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) y sus planteles del nivel básico, no puede pasar desapercibida.
“Se demuestra una vez más la falta de sensibilidad, el carácter insaciable de CAASA no tiene límites. Está muy claro que estos son más leales a su capital que a los intereses de subsidiariedad”.
El excandidato a alcalde capitalino mencionó que la administración en turno no puede sólo salir a denunciar las irregularidades del órgano que opera los servicios de agua.
“Ha incumplido con sus obligaciones, en particular con la de proteger, se le exige a los gobiernos que impidan a terceros toda injerencia en el disfrute del derecho del agua”.
La Barranca, añadió, es un punto de la ciudad que ha padecido la escasez del líquido hasta por periodos de 15 días.
“Es el momento de realizar adecuaciones legislativas, pero también en el mismo título de concesión, para asegurarse de que la concesionaria acate las normas de derechos humanos, así como para garantizar que no se efectúen cortes arbitrarios e ilegales”.
–Su diputado Jesús Rangel había hablado sobre un artículo transitorio para garantizar la gratuidad del agua en las escuelas. ¿No se está tardando?
–En eso está y cuenta con el respaldo absoluto de todos. En el primer título de concesión estaban exentas totalmente las instituciones educativas; cuando se hace la última de las once modificaciones que se han realizado al artículo 115 de la Constitución, se prevé la exención de las contribuciones en materia de derecho urbano. De ahí se quiere agarrar CAASA para poder cobrar el derecho del agua.
–¿Ese artículo transitorio obligaría a que la administración modificara la concesión?
–Claro, cuando hemos comentado el tema con el diputado Jesús Rangel, en su condición de presidente (de la Comisión de Recursos Hidráulicos), creemos que pudiera ser el paso inicial para poder precisar qué se entiende por administración estatal.
–¿Congreso del Estado estaría obligado a arrinconar al Ayuntamiento?
–Sí, por supuesto.
Medina también manifestó: “Exhortamos al gobierno municipal para que en uso de sus facultades se establezca un marco regulador eficaz, que prevea una supervisión independiente, una auténtica participación pública y la imposición de multas por incumplimiento o en su defecto, por interés público, hacer efectivo el recurso de la reversión”.
Indicó que a lo largo de la historia, a CAASA incluso se le han otorgado facultades que la libran de las auditorías.
–Una indemnización sería multimillonaria.
–Aquí pensamos dos cosas. Que la reversión (del título) sería la última instancia. Lo que promovemos de una manera inmediata, como ya lo ha anunciado el mismo diputado Jesús Rangel, es que hay que realizar modificaciones al marco jurídico, revisar el título de concesión y por interés público realizar las primeras acciones a través de multas. En consecuencia ir acumulando una serie de circunstancias para entonces proceder en términos del derecho civil.
A la empresa “nadie le ha metido mano, parece ser que le tienen miedo porque hubo un intento fallido, eso le ha dejado temor a las autoridades municipales, pero por el desconocimiento, por la ignorancia que lamentablemente tienen”.
El petista consideró que hay materia prima para armar todo un expediente con las irregularidades cometidas.
–¿Se podría pensar que la concesionaria está resguardada por alguna institución porque no se le puede exigir nada?
–Sí, el error fue la pésima actuación de Alfredo Reyes, le otorgó todas las facultades en el nuevo título. Hay otro tipo de autoridades federales y estatales que promueven ese tipo de esquemas; el modelo neoliberal, que es quitar la participación de los gobiernos estatales y municipales y fomentar la participación privada.
–Cuando lo de Alfredo Reyes, Raúl Vela, que era el diputado del PT, votó a favor.
–Esa es otra historia, aquí estamos hablando de la perspectiva que nos toca a nosotros defender.
“Al menor descuido la concesionaria inescrupulosa incumple sus funciones y lo más delicado, con argumentos leguleyos pretende sobrepasar sus facultades para saciar su ánimo de lucro”.
Foto: Roberto Guerra
