Algunos analistas en seguridad y opinión ciudadana han estado llevando a cabo en varias regiones del país una serie de ejercicios para recabar la opinión de la ciudadanía con respecto al avance en la lucha contra el crimen, y en algunos estados, sobre todo en el norte del país y el sureste, sigue persistiendo la percepción de que el crimen ha seguido flagelando a la población y de que en algunos casos incluso se ha incrementado. Por ejemplo Tamaulipas, en donde en la región de Tampico y en la zona de Matamoros se han desarrollado una serie de hechos violentos que han dejado, en los dos últimos fines de semana, treinta muertos. Esto se ha sabido a través de las redes sociales, pues las autoridades, dicen, dan la información de manera sesgada y no corresponde a la realidad, a pesar de que el Procurador General de la República ha dicho que en ese estado no se necesita un comisionado especial como en Michoacán, pero sí una “estrategia mayor”, coincidiendo con el gobernador de esa entidad. La verdad es que a través de las mismas redes sociales este último miércoles 15 de abril se da cuenta de incendios a negocios y de balaceras, que sólo ese día causaron dos muertes hasta la hora en que se estaba informando; lo anterior sin correspondencia de la autoridad. Esto hace que el rumor crezca y se vuelva la única información y por lo tanto la verdad.
El estado de Chihuahua se estremeció también la semana pasada -el lunes 14 de abril- cuando un seminarista de 21 años fue secuestrado y encontrado posteriormente asesinado a balazos, esto sucedió en San Ignacio, municipio de Aldama; el único delito del seminarista fue estar en visita de misiones en las comunidades. De acuerdo a datos proporcionados por las autoridades, fue asesinado para robarle su automóvil. Este hecho ha consternado a todas esas comunidades y a la Iglesia de ese estado. Afortunadamente los autores materiales del asesinato ya fueron capturados.
En el estado de Chiapas un grupo de asesinos atacó a mansalva a inmigrantes que viajaban en el tren denominado “La Bestia”, en el tramo de Arriaga-Ixtepec, Oaxaca. El ataque fue sin misericordia a esta pobre gente que trata de llegar a los E.U. con la ilusión de mejorar, y que con este ataque dejaron ya no solas a sus familias sino ahora en la orfandad a sus hijos. En este ataque hubo cuatro muertos y un herido; todo esto realizado con un grado de impunidad más que preocupante, alarmante.
Y en el tema Michoacán, podemos decir que las cosas parecen que no avanzan; ahora ese monstruo de mil cabezas, que son los grupos de autodefensas -que fueron promovidos y protegidos por la autoridad federal a causa de la desaparición de facto de la autoridad municipal y estatal-, ahora se niegan a deponer las armas y a adherirse a la policía rural que dependería de la SEDENA. Estos tiene de plazo hasta el 10 de mayo y algunos líderes de esos grupos hablan de que no aceptarán, y de acuerdos no escritos. En fin. Esta situación deberá resolverse en el marco de la ley. Hay que decir que la sociedad teme que las condiciones son de que no se les garantiza su seguridad y justicia para poder vivir en paz, en armonía y con un buen ámbito de trabajo en todas las áreas.
Y lo que nos faltaba, ahora que en el Senado se discuten las leyes secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones, varios grupos encabezados por el organismo Reporteros sin Fronteras han opinado que hay artículos que buscan eliminar la libertad en las redes sociales, comparando estas leyes con las que se han implementado en países como Siria, Egipto, Somalia, Sudán, Zambia, Rusia, Turquía y Venezuela, entre 20 países que se dice ya lo hicieron.
Todo esto se refiere al artículo 197 fracción VII, que a la letra dice: “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de autoridades competentes”.
El otro artículo en discusión es el 145 fracción tercera, que a la letra dice:“Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de las autoridades o sean contrarios a alguna normatividad”. Entonces si hablamos que a través de las redes nos enteramos de cuestiones que oficialmente no nos dan, ¿qué pasará si prosperan estas leyes secundarias? ¿Se amordazará a la ciudadanía que utiliza las redes sociales como único medio para manifestarse libremente? La verdad es que no se puede poner cadenas a la fuerza de las palabras.
