- La ley federal lo establece como violencia de género; la local aún no
- Se reformarán tres artículos específicos; no se plantea sanciones
Tras observar que en Aguascalientes aún se cuenta con la acción lamentable en las empresas, sobre todo las privadas, de solicitar a las mujeres un examen médico donde acrediten no estar embarazadas antes de ser contratadas, Mario Álvarez Michaus entregó ayer por la mañana a la Diputación Permanente una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en tres de sus artículos principales.
Además de asignar la igualdad laboral, tanto en acceso a iguales salarios o jornadas laborales, así como la no discriminación por género, se diagnosticó que dicha ley contaba con el vacío sobre el tema del embarazo, también factor de subestimación de debilidad hacia la mujer.
El eje principal del documento es evitar que se solicite el certificado de gravidez (gestación) como condición para emplear a las mujeres en cualquier empresa o negocio; con ella se estaría homologando la legislación local con la federal; el diputado subrayó que en la ley federal contempla dicha acción como un tipo de violencia de género.
Tomando como referencia promedios de quejas elaboradas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en 2010 hubo 181 mujeres que se quejaron por algún tipo de violencia y discriminación laboral; en 2011 se elevó a 209 quejas, 41 más en el siguiente año y, finalmente, 237 hasta el mes de noviembre del 2013.
“El incremento en algunos años no debe alertarnos sino concientizarnos sobre la situación”; la falta de políticas públicas y leyes con perspectiva de género han sido las causales, pero también el aumento en la información sobre adónde recurrir si eres víctima de violencia.
Este documento apenas entró a la Diputación Permanente, ésta a su vez la debe dirigir a la comisión correspondiente, donde se espera sea analizada y dictaminada a mediados del periodo ordinario siguiente. El promotor aseguró no dudar en la responsabilidad de sus compañeros de legislatura, pues a pesar de no ser del mismo partido político este tema no se trata de conseguir una estrellita política sino una demanda social que debe ser incluida.
La iniciativa no plantea establecer sanciones para quien no cumpla lo dispuesto en sus artículos, sin embargo instancias como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos podrían ser un vínculo para la búsqueda de solución de la violencia por medio del diálogo.
Foto: Archivo LJA
