La semana pasada se caracterizó por el enfrentamiento entre la Secretaría de Hacienda y el INEGI. Y fue a consecuencia de los resultados de las mediciones sobre cómo va la economía mexicana. Mientras el INEGI sostiene que, de acuerdo a los resultados de 21 meses, México está en recesión, la Secretaría de Hacienda y la de Economía dicen que no, que sólo ha sido una “desaceleración” y que en los próximos meses estaremos creciendo como ellos habían prometido que sucedería, ¡desde que entraron a gobernar! También algunos dirigentes de las cúpulas empresariales a nivel nacional ya han opinado que no es grave lo que pasa y que tiene razón el gobierno federal en cuanto a que no hay recesión.
Los indicadores de INEGI dicen que sí hay recesión, pero hay otros indicadores que nos dicen que la economía, sobre todo la de las familias, la de los asalariados, está pasando por una crisis bastante grave con el desempleo a la alza. La opinión del Banco de México es que hay signos en la economía de que no vendrá pronto la recuperación y que hay riesgos en la misma que nos pueden meter en problemas mayores.
La mayoría de los analistas económicos habla de que no se tomaron a tiempo medidas económicas para no permitir los procesos contra cíclicos que se presentaron y que la inversión pública ha sido tardía, y se está haciendo en rubros que no alientan la inversión.
Los bancos no se quedan atrás, nos dicen que la cancelación de créditos al consumo, comparados con el comportamiento del trimestre del año pasado, han sido cancelados un 76% más que ese periodo; en este primer trimestre las quitas y castigos en estos créditos, por incobrables o por quitas para recuperación, fueron de $3,129 millones de pesos cuando el año pasado fueron $1,778 millones de pesos. Debemos de tomar en cuenta que los créditos a través de las tarjetas de crédito representan del total un 35%, y en éstas la cartera vencida sigue creciendo de manera muy preocupante, signo de la falta de poder adquisitivo de los mexicanos, del desempleo o de la quiebra de sus pequeñas empresas ahora asfixiadas por las reformas fiscales imposibles de cumplir por un gran sector del pequeño comercio y con esto alimentar el crecimiento de la economía informal.
Algo preocupante es que el jueves 8 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Política de Tecnología de la Información y Comunicación -TIC-, mediante la cual, de acuerdo al artículo 28, “toda información relacionada con la seguridad nacional, generada o custodiada y que las instituciones pretendan diseminar, deberá identificarse previamente en tres niveles”.
En el artículo 22 se obliga a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal -APF- a establecer un modelo de gobierno de seguridad de la información y tener un responsable de esta área y conformar un grupo estratégico que será responsable de controlar el sistema de gestión de la seguridad nacional.
Estas informaciones serán clasificadas como “AAA”, “AA” y “A”. En el primer caso se refiere a información requerida para el proceso de decisiones políticas fundamentales, que implique decisiones sobre riesgos y amenazas a la seguridad nacional; en el segundo caso será acerca de información cuya revelación no autorizada pueda actualizar o potenciar un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o comprometer la operación y las condiciones de seguridad de las instalaciones estratégicas; y la última se refiere a información derivada del cumplimiento de disposiciones jurídicas en materia del ejercicio del gasto, transparencia y rendición de cuentas. Esta nueva reglamentación de la información oficial que debe ser pública de acuerdo a el IFAI, por supuesto siempre y cuando no sean de seguridad nacional, nos preocupa que la información de la situación económica del país se llegue a considerar de “seguridad nacional” y por lo tanto el rumor sea lo que prevalezca. Entonces la situación se pondrá peor.
Es indiscutible que quien pierde en una situación de recesión y de caída en la economía es el ciudadano común y corriente; el ciudadano que vive al día, el que vive de su trabajo, pues si lo pierde, o tienen deudas más allá de sus posibilidades o una enfermedad imprevista, que a veces por no tener atención del seguro o por no estar asegurado, lo deja en una situación económica desesperante.
Yo opino que la Secretaría de Hacienda y el INEGI no se deben pelear por la difusión de los datos estadísticos. Mejor deberían ponerse de acuerdo sobre qué hacer para salir de este grave problema.
