Actualmente estamos pasando por una de las crisis más profundas y peligrosas de los últimos tiempos. Los factores sociales, políticos y económicos se han alineado de una manera negativa muy peligrosa.
Cuando se hicieron público los casos de Tlatlaya e Iguala, el común denominador en el estado de ánimo del pueblo fue de indignación -con justa razón- y de exigencia, demandando que se aclarara quienes se los habían llevado a una desaparición forzosa y, sobre todo que había sido de ellos. Desafortunadamente a la fecha no se ha podido aclarar el asunto y todo se centra en las declaraciones frívolas, hasta cierto punto de tres pseudo testigos (priva ahora la incredulidad en todos los órdenes).
Lo de Tlatlaya ha sido acompañado por manifestaciones a favor de los militares detenidos en los que se manifiesta que han sido tratados de manera injusta y en contra de sus derechos humanos. Después de este proceso generalizado de indignación ahora pasamos a una situación igual o peor, pues vemos que la política exterior seguida por México de la “no intervención” la han hecho propia todas las corporaciones de seguridad incluyendo las fuerzas armadas, pues ahora los violentos pueden llegar a tratar de incendiar el mismo Palacio Nacional, cercar centros comerciales e incendiarlos, cerrar calles y avenidas afectando los derechos de libre tránsito consagrado en la Constitución, quemar -o vandalizar- todo tipo de negocios, tomar casetas y “cobrar” el peaje, o bien cerrar las autopistas evitando la llegada de los viajeros a sus trabajos o citas, secuestrando camiones quemando otros y afectando autos particulares. Todo lo anterior sin que ninguna autoridad proteja a los ciudadanos y detenga a los violentos, prefiriendo la “no intervención”. Esto se da en una escalada de grupos, algunos que toman como pretexto el terrible crimen de los normalistas y buscan ahora desestabilizar al país con fines no de justicia social sino de acceder al poder a través de la violencia y en no pocos casos subvencionados por grupos criminales o de busca de poder político.
Viendo esto, creo que es el momento en que las autoridades de los tres niveles y los tres poderes, cumplan con su deber de aplicar la ley y restablecer el estado de derecho, pues el incendio de decenas de palacios municipales y algunas instalaciones estatales podría ser un incendio de proporciones no calculadas y no controlable.
No se debe esperar a que la sociedad, hoy indignada, irritada y ofendida, se vaya a la calle y se enfrente a los que hoy la agreden y busque hacerse justicia, esto sería el colmo de la situación, a lo cual no debemos permitir que se llegue.
Hoy los funcionarios deben cumplir cada uno de ellos su deber frente a quienes en su momento aceptaron o su elección o su nombramiento, y los que no puedan deben dimitir por el bien del país.
Hay cuestiones que han mellado el ánimo, como la Reforma Fiscal que paralizó el país; la aprobación del presupuesto de $4.69 billones, aumentándolo de $4.47 billones que el ejecutivo había propuesto , y que de manera frívola los diputados dispusieron que $50,000 millones se repartan entre los 500 para hacer “obras en su entidad”, como si ya se hubiera olvidado lo de los “moches”, lo cual, debemos reconocer, no es nada nuevo, sino que por los pleitos internos entre los grupos políticos se dio a conocer y causó el enojo de la sociedad.
Con esta aprobación del presupuesto quienes debemos de preocuparnos somos los contribuyentes, pues esta monstruosa cantidad la debemos de pagar los ciudadanos con los impuestos que pagamos, aparte de las cargas municipales y estatales; y lo más irritante es que están viendo que el petróleo, que era una de las aportaciones más importantes al presupuesto, va a pique y ahora que PEMEX pierde dinero y se ha enajenado, la carga fiscal estará en el pueblo. Además, para ser congruentes con la realidad del país, no se propuso en ninguna área del gobierno un presupuesto a la baja en prestaciones de senadores, diputados, ministros ni secretarios para bajar el tren de vida que se dan. A ello hay que agregar que el tema de transparencia y rendición de cuentas comienza a ser un tema que tímidamente se propone.
El nuevo ombudsman, Raúl González, deberá recuperar la credibilidad en la institución que va a dirigir, pues es un contrapeso a los excesos que han llevado al país al punto donde nos encontramos y no dejarse llevar por aquellos que argumentando la defensa de los derechos humanos sólo buscan prebendas o posiciones políticas.
Creo que se debe ser realista y oír al pueblo antes de que esto empeore y no tengamos regreso.
