El 27 de noviembre el presidente de la República Enrique Peña Nieto ofreció al pueblo de México un decálogo, el cual, desde su punto de vista, sacará al país del problema de la violencia, irritación, incredulidad y postración económica en la que se encuentran la mayoría de los sectores. Y ahora, aunque algunos lo califican como insuficiente o tardío, creo que lo importante es que se ponga en acción el decálogo con las medidas ofrecidas.
El problema es que la mayoría de los puntos se sustentan en reformas constitucionales que apenas se van a mandar al Congreso, y por las experiencias vividas, sabemos que los tiempos del Congreso no son los de la sociedad mexicana; van primero a ver que se da a cambio de las aprobaciones, quién va a ser el que salga con las medallas, a cual partido le va ahora a tocar en estas aprobaciones cogobernar con el PRI, pues recordemos que como son reformas constitucionales sólo con las dos terceras partes de el Congreso se pueden sacar adelante.
Y algo curioso, en el punto número nueve, en que se ofrece crear un sistema nacional anticorrupción, el cual ya se encuentra presuntamente en discusión en el Congreso junto con la creación de la fiscalía y comisión anticorrupción, la cual fue ofrecida por el presidente desde su campaña. Por lo que se ve en el Congreso no hay mucho interés en sacarla adelante. Por otro lado no se nos dice si esto va a ser un borrón y cuenta nueva. ¿Qué se va a hacer con los Moreira? ¿Qué en el caso del exgobernador Granier, así como de los exgobernadores de Tamaulipas, Yarrington y Hernández? ¿Y qué con las denuncias de “moches” y diezmos estatales? En fin, por esto se debe de aclarar cómo va a funcionar y sobre todo su alcance.
Lo más reciente es que la calificadora Moody´s desde enero 17 informó que en la recién conformada Unión de Crédito Progreso, funcionarios del estado de Chihuahua, incluyendo al gobernador César Duarte Jaques, estaban en el paquete de accionistas, y que el secretario de Hacienda del estado de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, estando en funciones y al mismo tiempo fundador y presidente de la Unión de Crédito Progreso, depositó en dicha institución $802 millones de pesos de fondos fiscales del estado, a plazo fijo, con un interés del 3.93% anual, para fondear un crédito, y según el informe, el gobernador es dueño del 15% de las acciones. Esto lo denunció el activista Jaime García Chávez. Posteriormente el senador Javier Corral encabezando a 30 legisladores denunció que en el estado no hay separación de Poderes, pues están sometidos al gobernador y no existe separación entre la función pública y los negocios particulares.
Otro punto que no se tocó en el decálogo, es qué se va a hacer con los que están endeudando al país en los tres niveles, pues eso es un delito, ya que cuando salen ya no procede ninguna acción legal, por ejemplo, la deuda de los estados está ya ahogando a varios y nunca se les pide que se publique la deuda para que la sociedad, que es la que al final termina pagándola, la evalúe y sepa en que se gastó. Por ejemplo, la deuda del Distrito Federal, que es la más alta, está respaldada por la federación, no así la de los estados. Con el agravante de que ya tienen comprometidos sus ingresos futuros para el pago de la deuda y los próximos gobiernos no tendrán recursos para atender las necesidades de sus gobernados.
Y qué decir de la deuda del Estado de México, de Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Jalisco y otros diez más, que deben más del 50% de sus participaciones para pago de la deuda. Esto se debe de tomar en cuenta en la creación de la fiscalía y la comisión anticorrupción, o le ponen dientes para que pueda cumplir su cometido y que la encabecen personas honorables y conocedoras del tema, o será una más de las dependencias que solo cuestan dinero a los contribuyentes y que no sirven para lo que fueron creadas.
Algo que esperábamos que se anunciara era un programa de racionalidad en el gasto, eso en vista de la situación difícil que pasa la economía del país con la producción y precio del petróleo a la baja, pero la insensibilidad de la administración está de manifiesto y prefieren el endeudamiento, aunque después lo paguemos más caro, o bien están pensando en cómo gastar para las elecciones del año que entra y no perder el control de la Cámara de Diputados y los estados donde habrá elecciones y municipios. En fin esperemos que no sea un petardo este decálogo y se atasque en el congreso o lo cambien de sentido y lo vuelvan inoperante.
