El pasado 27 de noviembre de 2014, ante la exposición nacional de la confirmación de la existencia en el país de narco gobiernos -siendo los de Michoacán y Guerrero los que habían mostrado evidencias claras y precisas-, el presidente de la República, Enrique Peña, anunció 10 medidas que se traducirían en iniciativas de ley, para contribuir a su saneamiento. La tercera medida fue la creación obligatoria de Policías Estatales únicas.
En esta semana se llevaron a cabo en el Senado de la República, los foros para debatir las propuestas; en ellos participaron gobernadores, presidentes municipales y especialistas en los temas. Las presentaciones tuvieron el objetivo de exponer los elementos causales de la existencia de los narco gobiernos, así como las posibles soluciones, entre los que se encuentra el discutido mando único policial.
Es oportuno señalar los importantes, e interesantes, aspectos planteados por algunos participantes en el foro; ya que, precisamente, señalan las dimensiones que deben considerarse en caso de que, efectivamente, tanto el presidente de la República como los legisladores -y, por supuesto, gobernantes y ciudadanos-, quieran resolver de fondo y definitivamente, el grave problema que estamos viviendo.
En realidad, desaparecer las policías municipales, crear policías estatales y otorgar facultades a la federación para que asuma el control de los servicios municipales o todavía más, los disuelva cuando se compruebe que están infiltrados por la delincuencia organizada, seguirán siendo medidas insuficientes -por no decir inútiles-, si no se atacan y resuelven asuntos que están directamente ligados a la ética política de los gobernantes.
¿Cuáles son esos asuntos de ética política que son presupuestos obligados para la solución de los problemas de narco gobiernos? Tomo algunos señalados en los foros: el fiscal italiano Giovanni Tartaglia expuso que la intervención en los ayuntamientos no debe ser una medida de castigo, sino de prevención. El crimen organizado busca controlar los territorios, y el control lo inicia no con violencia sino con sus empresas, que obtienen contratos de los gobiernos. Un indicio, dice Tartaglia, es cuando una misma empresa recibe contratos de manera recurrente (circunstancia que sólo se puede dar bajo condiciones de corrupción, conflictos de interés e impunidad).
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Mazzitelli, respaldó la intervención o en su caso la desaparición de las autoridades municipales cuando se ha comprobado su colusión con la delincuencia organizada; no obstante, señala que debe ser una medida temporal. Subrayó que la infiltración y el control criminal del territorio a través de las instituciones políticas, implica la progresiva y complaciente sustitución de los principios de buen gobierno, de imparcialidad, de legalidad con los intereses privados de la cooptación criminal y de la opacidad en la administración pública (citas tomadas de La Jornada, 21-23 enero).
Continúa Mazzitelli: la infiltración del crimen organizado en los gobiernos, genera costos en términos de libertades políticas, de capacidad, de posibilidad de expresar, promover e implementar los derechos políticos, propiciando la baja credibilidad en las instituciones de gobierno y en los actores políticos. Coincidió con el fiscal italiano en que la infiltración de los delincuentes en los gobiernos es progresiva, silenciosa, sin violencia; la violencia es solamente un brote que muestra qué tan debilitado y enfermo está un territorio.
La representante de Amnistía Internacional, Mónica Oehler, señaló que si la reforma constitucional parte del punto de que sólo los Ayuntamientos y sus policías están penetrados por la delincuencia organizada, estará equivocada. De esta manera, plantea, que si únicamente se busca reestructurar el modelo policial, significa que no abordará el fondo del problema, que es la corrupción, la cual es una de las causas de la violencia. La corrupción y la colusión con la delincuencia organizada se están dando también en los niveles estatales y federal.
Ernesto López Portillo, representante del Instituto para la Seguridad y la Democracia, dijo, en la misma línea que los expositores anteriores, que no puede haber depuración de los cuerpos policiacos sin depurar el sistema político; se requiere construir la confianza de los ciudadanos en la policía.
Las participaciones de gobernadores y presidentes municipales, por lo general, se centraron en el punto de la operación policial, unos defendiendo el mando único, y otros considerando que no ayudaría a la solución del problema. El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, apuntó que la voluntad política del gobernante es el primer factor sin el cual, todo lo demás no se dará; ni el Ejército Mexicano, ni la Marina o la Policía Federal, resolverán los problemas que les corresponden a ellos. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, señaló la ilusión de gobernantes que han cedido ante la delincuencia, dejándoles el control de los delitos del fuero común, a cambio de que pudieran operar.
Los representantes del Gobierno de la República siguieron la línea planteada por la iniciativa: David Arellano, de la Secretaría de Gobernación, informó que el 75 por ciento de los municipios están infiltrados por la delincuencia organizada. Afirmó que la infiltración tiene modalidades, como el que funcionarios municipales estén en la nómina de los delincuentes, o que éstos impulsen a algún candidato en los procesos electorales. Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, se pronunció por la desaparición de las policías municipales porque sus elementos están cooptados por el crimen organizado.
El mando único no debe ser, por lo tanto, distractor de lo fundamental. Muchos gobernantes están evadiendo el asunto de la ética política, como son las relaciones con empresas contratistas; lo cual, al sólo enfocar la solución a la implementación del mando único, tendrá como efecto cambiar la forma, pero no el fondo. El no prestar atención a los conflictos de interés que están sucediendo -sólo como botones de muestra de una forma de hacer gobierno- es propiciar el desarrollo y permanencia -supuestamente pacífica- de la delincuencia organizada.
