Operación sordina en el caso Ayotzinapa
Jesús Medina Olivares
Existe un entramado perverso de la derecha empresarial y de la PGR, para atenuar y, en su caso, cerrar el caso de Ayotzinapa, la cual se manifiesta de diferentes formas.
Así como en su momento desvirtuó y satanizó al movimiento del 68, hoy la derecha empresarial acomete una nueva embestida para deformar e impedir que sigan creciendo las inconformidades por los trágicos acontecimientos de Ayotzinapa.
La intención es desacreditar este movimiento y, con ello, detener la capacidad de acción y reflexión que está generando. En otras palabras, usar la degradación para la inmovilización, ese es el fondo.
La estrategia de los hombres del dinero, es clara; mediante una campaña articulada de desprestigio tratan de identificar a los estudiantes y la Normal de Ayotzinapa como enemigos. A la normal como espacio de difusión de doctrinas subversivas y a sus estudiantes agentes del caos que quieren destruir el país.
Este sector empresarial lo que evidentemente defiende es el statu quo y, particularmente, al gobierno de Peña Nieto que vela y fortalece sus intereses económicos.
Lo anterior queda de manifiesto en las declaraciones, obtusas, que al respecto emitieron los hermanos Servitje, dueños de la Bimbo.
Para Lorenzo Servitje, en el caso de los 43 normalistas desaparecidos, “Hay inconformidad de algunos grupos que no han podido ubicarse y aprovechan cualquier cosa, como esto de Ayotzinapa, que es muy triste porque se le ha dado una dimensión que no tiene”.
Siguiendo con esta línea de pensamiento, los empresarios de México agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazaron los actos de violencia en contra de instalaciones del sector privado y equipo de transporte, los cuales se han registrado los últimos días en el país y, afirman, afectan “gravemente” la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la convivencia social.
Lorenzo Servitje en un acto de adhesión monolíticamente al gobierno ha dicho que ya que Enrique Peña Nieto atraviesa su peor momento el empresariado mexicano, como fuerza política que es, debe respaldarlo en esta difícil situación.
Siguiendo a la periodista Lydia Cacho, “desde hace algunas semanas los más adinerados empresarios mexicanos están desarrollando una labor de convencimiento a propietarios de los medios de sacar del espectro el tema de Ayotzinapa, diluirlo, desacreditar la calidad moral de los jóvenes.
Cómo táctica de desvirtuar hacen circular la versión de los estudiantes desaparecidos “Estudiaban para guerrilleros, se ganaron la muerte por revoltosos; quienes han exagerado la dimensión del caso lo hacen persiguiendo intereses ajenos a la vida de los 43 jóvenes”.
Para este sector de la derecha; la normal es un instrumento de alta provocación que promueve la guerrilla.
A lo anterior se agrega el informe de la Procuraduría General de la República como la pieza clave de la fórmula de fomentar, con algunos medios de comunicación, una ofensiva para instaurar una verdad central o “Histórica”.
En una atmósfera tensa y dividida y con resultados previsibles, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, señaló que la “verdad histórica” es que hay certeza legal de la muerte y calcinación de los jóvenes estudiantes en el basurero municipal de Cocula fueron asesinados y sus cuerpos cremados.
Esta versión, para amplios segmentos de la población, resulta insuficiente e inaceptable. Se repudia la forma y la visión reduccionista con la que la PGR pretende cerrar el caso.
Más allá de la arena judicial y de los argumentos expuestos, que son cuestionables, no se puede terminar una indagatoria cuando se tienen varios temas pendientes de fondo que se tienen que dilucidar, entre otros; la participación (por acción u omisión) y, en su caso, complicidades de gobernantes y autoridades de las tres instancias de gobierno con el crimen organizado, así como su infiltración en las estructuras del Estado.
Se tienen que deslindar responsabilidades y, en consecuencia, se tiene que castigar a quien resulte responsable.
Como lo señala Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la PGR no podrá dar carpetazo al caso Ayotzinapa, hasta que todos los responsables sean detenidos y procesados, y se aclare el destino de normalistas desaparecidos.
Ante esta clara estrategia de manipulación vergonzante de una derecha empresarial ambiciosa y despótica y un gobierno empantanado, marcado por la ineficiencia y el escándalo, corresponde a ciudadanía la denuncia crítica e indignación por la violación a los derechos humano y al mismo Estado de Derecho, así como el repudio ante estas actitudes de quienes cómoda y oportunistamente insisten en que el país regrese a lo más oscuro de nuestro pasado.
No podemos distraernos, no se puede ser ajeno ante la opresión y la desaparición forzada de jóvenes activistas, quienes en su legítimo derecho, intentaban expresar su inconformidad ante la infiltración del crimen organizado en el gobierno y una lucha para una vida libre y justa para los guerrerenses.
Tengo la impresión que difícilmente se va a detener este movimiento de indignación social si no se dan respuestas claras a estas exigencias y de que todavía faltan muchas líneas por escribirse en esta “verdad histórica”.
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El horror como motor de cambio social
Enrique F. Pasillas
Difícil estar en desacuerdo con el comentario de Jesús Medina en este espacio atinadamente llamado Esfera Pública que nos propone La Jornada Aguascalientes, pues nadie duda de la creciente conflictividad social y los pocos espacios para la paz pública que encara la nación mexicana, cuya crisis es especialmente sensible desde lo de Iguala. Hoy sabemos gracias a testimonios directos, recogidos por fuentes independientes y acreditadas, que en dicho crimen intervinieron protagónica y activamente diversos agentes del estado mexicano. Poco importa ya que torpemente el gobierno haya pretendido deslindarse en un primer momento aduciendo que fueron las autoridades de Iguala o de Guerrero, porque lo más probable es que hayan participado por acción u omisión delincuentes organizados y sujetos pertenecientes a todos los niveles de responsabilidad pública, desde los policías municipales, hasta los más altos funcionarios a nivel federal; esos mismos a los que el prestigiado medio británico The Economist se refiere ahora despectivamente como los que “no saben que no saben”.
Así que después de más de 4 meses de profunda conmoción social, se va configurando claramente un crimen de lesa humanidad denominado en la teoría y la práctica de los derechos humanos como desaparición forzada, que es siempre imputable a los agentes del Estado. Y claro que es muy grave por sus muchas implicaciones y responsabilidades, y por supuesto que los mexicanos tenemos el derecho a estar indignados y a no olvidarlo.
Como atinadamente comenta Medina, de poco le sirve a la rancia y retrógrada plutocracia nacional -representada fielmente por los poderosos e inefables hermanos Servitje, conocidos por ser los dueños del enorme monopolio del “pan” industrial que es responsable en gran medida de la vasta epidemia de obesidad que padecen muchos millones de mexicanos, o al conocido malandrín con sotana Sandoval Iñiguez, declarar públicamente deslindando al gobierno y a los políticos responsables del asesinato de muchas personas inocentes en el país, pues la propia CNDH reconoce a estas alturas que hay más de 22 mil desaparecidos, hasta llegar al secuestro y probable asesinato y desaparición literal, pues no existe ni ADN reconocible, según la versión de un procurador cansado y sin ninguna credibilidad, de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Incluso hay quienes intentan justificar el horror sosteniendo sin argumentos que lo de Ayotzinapa o lo de tantos otros lugares son montajes o complots con fines desestabilizadores, o que son los mismos revoltosos maestros disidentes causando los problemas de siempre.
Se pretende hacernos olvidar así que la entidad federativa de Guerrero es la cuna del general y rebelde insurgente que le dio nombre, el mismo estado donde se fraguó el Plan de Iguala, y el mismo de la matanza de Aguas Blancas, cuando curiosamente el hoy defenestrado gobernador con licencia pero sin castigo, fungía como secretario de gobierno; o que el célebre luchador social y guerrillero Lucio Cabañas, caído en la guerra sucia del gobierno en los primeros setenta del siglo pasado, era un profesor rural egresado de la misma normal rural de Ayotzinapa.
Porque los problemas de Guerrero, uno de los estados más empobrecidos en un país donde la histórica polarización del ingreso según los datos duros de la OCDE o del FMI, son en realidad y en mayor o menor medida los de todo un país con más de 55 millones de pobres o muy pobres reconocidos oficialmente. ¿Qué sociedad del mundo puede desarrollarse y progresar con tales niveles de desigualdad económica y social?
Así, a la crisis del desempleo, la marginación, o los bajos salarios, se suman la devaluación más reciente, los gasolinazos inexplicables mientras el petróleo baja en el resto del mundo, la consiguiente caída del ingreso petrolero o la ingente corrupción que carcome a la vida mexicana en todos sus niveles. Por eso hay que sostener con firmeza que si la trágica desaparición de los 43 sirve como un potente revulsivo del cambio social, no todo estará perdido en el futuro para la sociedad mexicana.
Porque resulta que a estas alturas las instituciones públicas del estado y los políticos de todos colores que las usan y abusan en su beneficio personal, sufren de la peor crisis de credibilidad y confianza ciudadana de que se tenga noticia, donde al fondo de la lista de la confianza y la credibilidad pública aparecen siempre los partidos políticos y sus miembros.
Así que dadas las diversas circunstancias confluyentes en la gravedad de la crisis mexicana, cualquier desenlace futuro es posible, pero por lo pronto en este año electoral en el que los ciudadanos nos vemos obligados a optar entre no votar o votar en blanco, lo cual sostengo que sólo favorece a los mismos de siempre; o bien votar y elegir al menos peor de entre los candidatos a diputados federales que nos presenten los dos o tres partidos con posibilidades reales de ganar (4 en Aguascalientes: tres de mayoría y uno más de representación proporcional) escaños en el Congreso de la Unión, hago mía la idea que promueven diversas organizaciones sociales que llegó para quedarse y para tener elementos informados de decisión: te doy uno (el voto) y dame tres: 1. Declaración patrimonial, 2. Declaración de impuestos y 3. Declaración de intereses.
Y no es que saber esto nos vacune socialmente contra los “levanta dedos”, los “chapulines” u otras nefastas plagas parecidas, pero por lo menos nos da elementos de descarte de aquellos candidatos que insisten en mantener en la opacidad sus intereses y antecedentes. Tal vez así se pueda ir construyendo ese sistema de responsabilidades, balances y contrapesos democráticos del que hoy carecemos a todas luces y que han permitido atrocidades como las de Ayotzinapa. Para empezar, algo es mejor que nada.
@efpasillas
