Las caracterizaciones de los gobiernos, en general, suelen tardar tiempo, ya que no es posible, de inmediato, poder determinar su real identidad; no obstante, llegan los momentos en que se van encontrando los elementos que van configurando, de manera cierta y comprobada, la forma de ser y de actuar de los gobernantes.
En el caso de Enrique Peña, hoy presidente de la República, tuvimos desde el inicio de su precandidatura presidencial, señales de cómo ejercería el futuro cargo; una de ellas fue su participación en la Feria Internacional del Libro en la Universidad de Guadalajara, con la presentación de un libro de su presunta autoría, y su respuesta de los libros más significativos que había leído en su vida, respuesta ya ampliamente conocida.
En aquellos tiempos jugaban a su favor, en cierta forma, dos aspectos: uno, la estruendosa terminación del periodo de su gubernatura, con los cientos de compromisos cumplidos, magnificados en su Sexto Informe de Gobierno. El segundo aspecto era el importante impulso dado a su figura personal y política por las televisoras nacionales, que también magnificaron su trayectoria de gobernante, y contribuyeron a la creación del ‘RockStar’, futuro presidente del país.
Ahora, después de dos años y dos meses de ejercicio de la presidencia de la República, podemos destacar la diferencia entre ser gobernador, como lo fue del Estado de México, y ser presidente de la República. Los gobernadores, muchos de ellos, aplican una ‘democracia autoritaria’ -porque se dicen demócratas, pero en los hechos sólo es el discurso y la apariencia-. Imponen -utilizando el presupuesto de egresos- un fuerte control sobre el manejo de la información; se apoyan en determinados medios de comunicación idóneos, para construir en los ciudadanos una imagen de grandes gobernantes, que libran a sus estados de sexenios perdidos, configurando de esta manera el autoengaño -ya que ellos mismos se creen todo lo que dicen-.
A pesar del despliegue y esfuerzo de esos mismos aliados de los medios de comunicación nacional, ya como presidente de la República, Enrique Peña no ha logrado imponer -como sí lo hacía como gobernador- el control sobre la información y la opinión pública nacionales. Todavía más, no sólo por la valiosa información que difunden pocos medios de comunicación –que presentan datos clave de la función pública-, sino sobre todo por las mismas acciones y discursos del gobernante, como en este caso Peña, podemos darnos cuenta de las características que conforman su propia identidad.
La pregunta necesaria, entonces, es ¿cómo genera el presidente de la República identidad propia, el autoengaño? En esta semana el presidente Peña anunció “las acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés” (Discurso en el sitio de la Presidencia de la República), donde podemos encontrar los elementos del autoengaño. El punto de partida del anuncio es, que a pesar de los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas por los gobiernos, la percepción sobre el problema no ha mejorado en el país; dice que la corrupción es un problema de todos los países como tema de carácter cultural, aunque no hay excusas para dejar de tomar acciones decididas, ya que como presidente ha tenido la convicción de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción, trabajando a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, asegura que en todo momento se ha apegado a la ley, por lo que los señalamientos que le han hecho sobre posibles conflictos de interés, “generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.
Explicó que en la doctrina sobre el tema, existen tres tipos de conflicto: los reales, los potenciales y los aparentes. En estos últimos, se da la percepción social o la sospecha de la existencia del conflicto, sin que en realidad exista (siendo aquí donde el presidente parece acomodarse).
Por lo pronto, dejó asentada su inocencia. Para corroborarla, hace el nombramiento del secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, y le solicita “investigue y resuelva si hubo o no conflicto de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias Federales a las empresas que celebraron compra-venta de inmuebles con mi esposa, con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con un servidor”.
En líneas arriba en su discurso -apoyándose en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas- había señalado enfáticamente que el presidente de la República “no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios”.
Cómo fue entonces que se canceló la licitación y adjudicación de la construcción del tren rápido México-Querétaro, cuando, ante la petición por transparencia del documento de la cancelación, la SCT contestó que no existe documento, ya que la cancelación la dictó el presidente de la República al secretario, de manera ‘presencial’ (información que salió directamente de Los Pinos).
De esta forma, podemos estimar desde ahora, que el resultado de la investigación que haga el secretario de la Función Pública, subordinado del presidente de la República -quien en su discurso se auto absolvió-, determinará que el único conflicto de interés que encontraron, fue el aparente; aquél que, sin fundamento, la sociedad cree que existe, pero que en la realidad no existe.
Es así que se cerrará el círculo del autoengaño: un presidente de la República que vive una dicotomía entre lo que cree que es, y lo que en realidad es. Todo ello, a pesar de las constantes evidencias que han surgido dentro y fuera del país.
Ya con los muchos casos que podemos documentar de esta forma de ser y de actuar del presidente de la República, podemos caracterizar su identidad como la del autoengaño; considero la gravedad del problema, porque, bajo el respeto al Estado de Derecho, Peña será presidente hasta el 30 de noviembre del año 2018, lo cual pone la marcha del país en una circunstancia difícil.
