Democratizar las oportunidades, es la base fundamental para ampliar los cauces del progreso social. A partir del mandato electoral, una democracia es tal en tanto privilegia el bienestar del ciudadano; en tanto vela por la prosperidad de la mayoría y garantiza un piso parejo a las minorías.
A pesar de los diversos quehaceres y altibajos políticos y económicos, desde 1929 se ha mantenido incólume la vida institucional del país, la cual ha sido renovada continua y, no pocas veces, radicalmente. Esto ha permitido estabilidad e importantes avances en nuestro sistema democrático, pero han sido insuficientes.
Actualmente la sociedad impulsa su propia transformación, demanda de sus representantes buenas cuentas, resultados, claridad y apertura. Debemos corresponder a esa legítima exigencia para desplegar el potencial de nuestra democracia para que se traduzca en derechos humanos y sociales efectivos. Dicho de otra manera: instituciones al servicio del desarrollo y bienestar de individuos y familias, de la prosperidad económica y la paz pública. Ello implica de manera absoluta que no estén al servicio de los funcionarios ni de los intereses de cualesquier naturaleza (económicos, ideológicos, religiosos) que pretendan estar por encima de la sociedad o de las leyes.
Fortalecer las instituciones públicas, consecuentemente, no sólo es hacerlas más profesionales; lo cual es indispensable. Sobre todo, hacer más fuertes a nuestras instituciones, es habilitarlas para dar una respuesta social efectiva. Es esencial privilegiar igual acceso a las oportunidades de bienestar y desarrollo, otorgar y maximizar las garantías de la participación social, resolver los problemas de la comunidad con el uso de la inteligencia colectiva. Fortalecer las instituciones es apertura, cambio, generación de confianza.
Es vital impulsar una representación política eficaz al servicio de la sociedad. Los actores políticos debemos ser los principales promotores de la renovación y la reivindicación del servicio público como instrumento de cambio social. Debemos asumir -incluso motivar- la oposición de las ideas, la progresiva transparencia y rendición de cuentas, y la complejidad de los retos que vive hoy el país. Temible sería no tener ideas, apertura y coraje para transformar la realidad en que vivimos en la realidad que queremos. El acuerdo en lo esencial es base para transformar nuestro entorno. El acuerdo es el puerto al que debemos llegar cuando nos hacemos a la mar del debate.
Por lo que toca al trabajo legislativo es imperativo retribuir a la sociedad con buenos resultados, que no son otra cosa que leyes justas. El diálogo que propone y la colaboración que construye, deben ser nuestra bandera para una relación entre poderes que redunde en mayores beneficios a la sociedad. Estamos llamados a continuar generando cambios profundos en las instituciones del Estado mexicano, tanto en lo nacional como en lo local, con la idea de garantizar su efectivo y pleno funcionamiento.
La eficacia en la administración pública se construye con servicio profesional de carrera, políticas públicas incluyentes, coordinación institucional solvente y efectiva, disciplina y austeridad en el gasto. Se cimienta con mecanismos de participación, con rendición de cuentas y programas de evaluación y mejora continua. Esas veredas confluyen en la senda por la cual hay que transitar para concretar una administración pública eficaz.
La unión de esfuerzos interinstitucionales entre los diferentes órdenes de gobierno que se nutre del respeto y la garantía de la autonomía municipal, la soberanía de los estados y la unidad nacional son la fuente de la cual hay que abrevar para ampliar el federalismo democrático de la nueva era. Los canales de la gobernabilidad se alimentan de esas aguas. Si bien, y como una acotación que obliga a una amplia reflexión posterior, está abierto el debate respecto a la vigencia del estado nacional, el cómo de su nueva responsabilidad en el contexto de una sociedad mundial abierta, intensamente comunicada, económicamente entrelazada y culturalmente vinculada.
Pero en el centro del círculo virtuoso del buen gobierno, deberá estar siempre el ciudadano. La participación social organizada es generadora de gobernabilidad. Las democracias mejoran y dan mayores resultados cuando se abre el cauce en el cual la ciudadanía participa. Los ambientes colaborativos y abiertos son el medio ambiente ideal en el cual se recrea la democracia.
La impunidad es un lastre que debemos combatir a toda costa. No hay mayor garantía para la gobernabilidad que la confianza ciudadana y el cumplimiento de la ley sin distinciones. Razón central por la cual debemos continuar sumando acciones que nos permitan hacer una realidad ciudadana la promesa del gobierno abierto.
No está por demás recurrir de nueva cuenta a don Jesús Reyes Heroles: “para progresar en un México ideológicamente plural debemos recurrir a la negociación, al entendimiento, al compromiso, sabiendo que éstos no suponen ambigüedad”. Debemos continuar ampliando los caminos de nuestra democracia y estar preparados para afrontar los enormes retos, especialmente en el ámbito social y cultural, que se avizoran en el horizonte de México, en la inteligencia de que muchos de ellos ya están aquí. Las convicciones son la vía por la cual la pluralidad de las ideas y el actuar solidario fructifican. Las convicciones deben guiarnos.
