En los últimos días hemos sido testigos de una serie de eventos de los cuales el Senado de la República ha sido el protagonista principal y en donde desafortunadamente su actuar no ha sido positivo para la imagen de esta cámara.
Uno de los eventos ha sido la elección del nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde como es conocido el Ejecutivo envió una terna de prospectos, entre los cuales se enlistó a Eduardo Tomás Medina Mora, que estaba fungiendo como embajador de México ante los E.U. y quien por su cercanía con el titular del Ejecutivo provocó mucha polémica, y por qué no decirlo, un rechazo entre la población así como en los medios de comunicación y en una parte del Senado, pero se dice que todo estaba “planchado” al grado de que otro de los miembros de la terna, el sí con carrera judicial pues inclusive es miembro de ese poder, trató de renunciar y retirarse de la competencia; hasta donde se sabe no lo dejaron. Y así llegaron al final y se dio el resultado que todos preveían, lo cual -obviamente- dejó en entredicho la autonomía del Senado, pues se intuye que acataron la orden de Los Pinos, lo cual ha hecho que las críticas se agudicen.
Algunos enterados dicen que el PAN apoyó la promoción a cambio de que se aprobara en comisiones las reformas a las leyes que darán paso al nuevo sistema anticorrupción, lo cual sucedió el viernes 13 en comisiones, y se dice que el martes se presentará al Pleno (si regresan a tiempo del largo fin de semana).
Algo que dio la pauta para pensar que todo estaba arreglado con anterioridad fue que cuatro senadores se ausentaron de manera inexplicable, pues si ellos hubieran asistido no hubieran alcanzado los votos que se dieron para lograr la mayoría calificada con las dos terceras partes del Senado, curiosamente los cuatro que se ausentaron son de los partidos de izquierda: Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Rabindranath Salazar Solorio y Luz María Beristain Navarrete. Esta última se ausentó después de pasar lista, dos horas antes de la votación. Así que todos cooperaron, de una u otra manera, para que la orden presidencial fuera cumplida.
Se recuerda cuando fue aprobado el nombramiento de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena -en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón-, se lo pidió el presidente electo, pues es una persona también cercana a él, y ahora es ministro de la SCJN, lo preocupante fue que su primer decisión fue presentar y aprobar la exoneración de la secuestradora Florence Cassez, la cual ahora demanda al gobierno mexicano por millones de dólares, pues siempre ha sido una bribona y su liberación fue posterior al viaje que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a Francia, “restableciendo” las buenas relaciones entre los dos países.
Creo que el costo fue muy alto y vergonzoso. Así que Peña Nieto ya tiene dos ministros incondicionales en la Suprema Corte, lo cual vulnera la independencia de poderes y sobre todo los contrapesos entre las instituciones, pues se ve que el Legislativo ya no es problema, inclusive cuando se necesita la mayoría calificada.
Lo curioso es que en el año 2012 el presidente electo, en su mensaje en la comida de los 300 líderes más importantes de México, dijo: “El presidente de México no tiene amigos”.
Y algo curioso, las reformas de las leyes para la transparencia y contra la corrupción no contemplan que el presidente de la República esté sujeto a la misma, por lo tanto la orden que dio al secretario de la función pública, cuando nombró a Virgilio Andrade Martínez de que investigara lo de las casas, quedará sin efecto.
Veamos si el Senado se saca la espina de aquí en adelante. Se debe respetar la teoría clásica de división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de otra manera esto nos podría conducir a una encrucijada peligrosa a favor de políticos triunfantes en el juego de intereses de esta singular democracia nuestra.
