El enfrentamiento del gobierno mexicano y el relator y enviado de la ONU en derechos humanos desató una tormenta mediática, la cual, al igual que la PGR cuando trató de terminar el caso de los normalistas con un “ya me cansé”, ahora el titular de relaciones exteriores, el canciller José Antonio Meade, ha tratado de dar carpetazo al asunto con un: “Ese tema está agotado para nosotros”. Pero la sociedad mexicana estará agotada, o estará cansada, de que se niegue lo obvio, pues no hay quien no afirme que la mayoría de las confesiones de los detenidos es sacada a la fuerza a través de tortura física o psicológica, con amenazas de “te va a ir peor”, cuando alguien se niega a aceptar su culpabilidad. Y qué decir de cuando se detiene a alguien con vehículos sin identificación de alguna corporación, o bien personas no identificadas, vestidos totalmente de negro, sin algún uniforme que indique a que corporación pertenecen o si son miembros de algún cuerpo de seguridad, con la cara tapada y sin orden de juez para detener a las personas, y que según los afectados no sólo es maltratado el detenido sino todos aquellos que están en el domicilio al momento de la detención. Lo mismo sucede al tener acceso al lugar en que se hace la detención, pues ya no se acostumbra llamar a la puerta para que abran diciendo: “policía, abran”; ahora se acostumbra “reventar” el domicilio, es decir, se destruyen los accesos y se causan daños materiales que muchas veces son tan importantes que las familias no los pueden reparar. Cuando la persona es liberada, en el mejor de los casos no tiene derecho a demandar la reparación de los daños.
El relator entrevistó a una serie de personas que fueron detenidas y luego liberadas y a otros que aún permanecen en los centros de detención, y el común denominador fue que sus derechos humanos fueron violados durante el proceso de detención y durante ésta; se certificaron lesiones que a la fecha afectan su salud de manera importante.
Este mismo funcionario de la ONU hizo público que fue presionado para que no se dijera en su informe que la tortura en México “es una práctica generalizada”, hecho que desató una polémica, que aun cuando se quiere dar por terminado se debe iniciar un debate de si es o no cierto lo que se ha detectado. Y algo que la población comenta en la mayoría de los casos es que el Congreso debe abrir una investigación e ir con los presuntos afectados y verificar la verdad o falsedad de los mismos.
Uno de los grandes avances de la anterior legislatura fue la reforma constitucional al artículo primero, en el que se obliga a respetar los Derechos Humanos de todos los mexicanos y sin ninguna restricción, pues a nivel mundial la cruzada por la defensa a la no violación de los derechos fundamentales es actualmente una prioridad, y al suscribir los convenios relacionados con este tema por México no puede salir a la comunidad internacional a pedir que se cumpla con el respeto a los derechos humanos, cuando en nuestro país se violan sistemáticamente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana, con su nuevo presidente Raúl González, ha estado muy activa y entre sus observaciones elaboró un informe especial que envió a la Sedena, al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, a los gobernadores de los estados, al Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, en que se menciona que en los centros de detención femeniles se violan los derechos humanos en cuanto al trato digno, legalidad, seguridad jurídica, las áreas de detención no son las adecuadas, alimentación, apoyo a los hijos y su derecho a tenerlos cerca en determinadas situaciones; violaciones sexuales, autogobierno que causa represión contra las detenidas y sobre todo extorsión a las detenidas y privilegios fuera de norma. Todo esto de acuerdo a normas tanto nacionales como internacionales. Este estudio se desarrolló entre febrero y marzo de 2014 en 77 centros de detención, de 102 que existen, y se encontró como afectadas a once mil 107 internas. El estado de Guerrero es el se encuentra en las peores condiciones. Todo un régimen de terror en la mayoría de los centros.
Otro caso muy preocupante es el del padre Javier Ávila Aguirre, el cual ha presentado una denuncia contra el gobierno de Chihuahua, gobernado por César Duarte Jaques, por difamaciones en los medios en su contra. Y menciona que es por los casos de la construcción del aeropuerto de Creel y el gasoducto de El Encino-Topolobampo. Dice que lo acusan de entorpecer dichos proyectos pero niega haber intervenido, que la suspensión se debe a que un juez lo ordenó, pues se violaron la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades del estado de Chihuahua y tratados internacionales. En lo que sí acusa es que pide justicia por la masacre de Creel en agosto de 2008, en que asesinaron a sangre fría a once personas, entre ellas a un menor. La denuncia señala también casos de desapariciones, inseguridad y delincuencia grave durante los 30 años que él ha estado en la sierra.
Pero no sólo son particulares los que han denunciado violaciones a los derechos humanos en este mes, un miembro del grupo Beta, Berenice Cárdenas de la Fuente, denunció el lunes 6 que agentes de migración retuvieron de manera inhumana a un grupo de migrantes que iban en un camión durante 48 horas, privándolos de alimentos y agua; denunció que todo esto se hizo bajo la responsabilidad del jefe operativo, José Ramiro Valadez García. Hay que recordar que el grupo Beta es dependiente de la Segob, al igual que el Instituto Nacional de Migración. En la denuncia hace la observación que entre los retenidos había niños y mujeres embarazadas.
Todo lo anterior sucede cuando teníamos la discusión con el relator de la ONU de Derechos Humanos. Todavía está fresco el caso de los inmigrantes en San Fernando y que en el año de 2010 fueron asesinados 72 de ellos y en 2011 otros 193 sufrieron la misma suerte. Hoy todavía se sigue especulando que fueron detenidos por agentes de migración y entregados a los delincuentes a cambio de dinero.
Y para el Gobierno Federal debe ser tan importante el asunto de derechos humanos que la Segob no ha nombrado subsecretario de Población, migración y asuntos religiosos desde que renunció Paloma Guillén; tampoco ha nombrado subsecretario de Derechos Humanos luego de la renuncia de Lía Limón, ambas funcionarias renunciaron para “chapulinear” a otro puesto público, una por el PRI y otra por el PVEM. Así de importantes son estas áreas, pues a la fecha siguen acéfalas y las violaciones a derechos humanos impunes.
Y así, con este tipo de actitudes, no quieren que en el extranjero nos señalen como un país donde los derechos humanos son violados de manera sistemática. A los funcionarios públicos sólo les podemos decir: No se cansen, no se agoten.
