Entre los retos urgentes y delicados a resolver por la sociedad mexicana, y sobre todo por el gobierno en sus tres niveles y sus tres órdenes, son en primer lugar las elecciones de este 7 de junio y sobre todo que el INE, en su bautizo de fuego, salga fortalecido, pues el año que entra estaremos en una serie de elecciones en las cuales se necesitará un árbitro con un currículum impecable en cuanto a su capacidad operativa, con gobiernos que demuestren este año que no intervendrán en los resultados y durante el proceso electoral; que sí habrá una supervisión tanto del dinero gastado en las campañas, como en la implementación de los programas sociales, y que no sean usados para cooptar el voto y sobre todo que el periodo post electoral será pacífico y se conduzca dentro de los cauces legales y no a través de la presión de los violentos en las plazas o en los bloqueos, lo mismo que la libertad y el derecho de los ciudadanos no sea coartado por aquellos que quieren un país desestabilizado y que se les aplicará la ley a todos aquellos que la violen.
Otro tema es que los últimos acontecimientos de presuntos actos de corrupción y de conflictos de interés sean desahogados, y más ahora que también ya alcanzaron al titular de la secretaría de gobernación y a sus colaboradores. Se necesita que la ley anticorrupción que fue aprobada en cámara de diputados, y que había sido enviada por el senado, sea promulgada por el ejecutivo, pues si la observa y es devuelta creo que ya no saldrá y todo quedará en un intento cuando menos de que se tuviera una instancia que investigara y castigara a quienes han violentado el marco jurídico, pero que no han sido tocados por las lagunas de las actuales leyes.
Pero no sólo se deberá promulgar la ley, sino hacerla cumplir y que la conozca el pueblo para que sea un instrumento al alcance de los perjudicados y terminar en lo posible con ese cáncer que corroe las estructuras de nuestra patria, pues deberemos ver que dicha ley, entre otras cosas, fortalezca al IFAI para que sea ese instituto el que determine la apertura de la información relacionada con los derechos humanos, por todas las dependencias requeridas y sobre todo que las relacionadas y reservadas por la seguridad nacional sean justificadas y que no sean un coto de impunidad; que la ley sí contemple castigos y sanciones a funcionarios que de manera arbitraria clasifiquen como reservada la información de interés público o que declaren que es inexistente y que no sean las mismas dependencias las que interpreten cuando la información “es un riesgo real” a un interés legítimo de seguridad nacional y sobre todo que la sociedad mexicana conozca los resultados de las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos y todos los contratos, asignaciones, licencias, permisos y alianzas en todas las áreas de los gobiernos.
Urgente es que se reconozca que la reforma fiscal está paralizando al país y que la no devolución del IVA a los contribuyentes ya los descapitalizó. Las consecuencias ya son graves. Se debe revisar lo que no está funcionando.
Otro pendiente es que ya se deje de endeudar al país y que los estados y municipios dejen de hacerlo y que exista una verdadera disciplina fiscal y una reingeniería gubernamental que nos resulte un gobierno eficiente y eficaz, y que promueva la justicia social y el crecimiento económico sustentable así como una seguridad pública que permita al pueblo mexicano vivir en paz y desarrollarse.
Así las cosas son los “pendientes” que espero se resuelvan por el bien de México, pues la estrategia económica en general requiere de un mayor contenido social. Hoy vemos que la orientación del modelo económico se basa en la consolidación de una economía abierta, cuyas principales metas son afianzar las redes comerciales internacionales y nacionales en un escenario de globalización , pero que ha dejado a un lado la meta de bienestar social.
