El escándalo desatado por una investigación de fiscales estadounidenses, y el haber detenido en Suiza a siete directivos de la FIFA, ha comenzado a desgranar una serie de acontecimientos que nos hacen recapacitar sobre el grave problema de la corrupción e impunidad que corroe a las instituciones de todo tipo, cuando no se tienen los mecanismos para controlar el que las personas no lleguen a tener ingresos no justificables o propiedades de procedencia legal.
En este caso después de reelegirse el suizo Joseph Blatter, a los cuatro días ha renunciado. Se dice que se están buscando a dos personajes muy allegados a él y que ya está también siendo investigado, en lo personal, por presuntos actos ilegales en el manejo de la publicidad y del reparto de fondos a las confederaciones. Desafortunadamente la que desató el escándalo, y le han probado la mayoría de los señalamientos, es la Concacaf. Por lo que la América Latina es la primera en ser señalada como centro de corrupción. Ahora uno de los vicepresidentes ha recurrido a colaborar con las investigaciones como “testigo protegido”, y está involucrando a todos los que participaron en esos movimientos.
Como Estados Unidos se ha convertido en el policía mundial, por una orden de un fiscal de esa nación se han detenido a los siete primeros funcionarios de alto nivel, y hay dos prófugos. También se busca detener a otros por la misma situación.
Hasta aquí estamos viendo que presuntamente no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias, y esto tal vez podrá hacer que la FIFA busque el remediar los daños y que se tomen medidas para que esto no vuelva a suceder.
Pero si esto se ha desatado en una organización deportiva, no nos explicamos por qué no se puede hacer lo mismo ante los casos de presuntos delitos por altos e importantes funcionarios de los gobiernos de nuestro continente, señalados en investigaciones periodísticas. Por ejemplo en México, Brasil, Guatemala, Argentina y en el caso de Chile, familiares. Todo esto ha lastimado la confianza de la sociedad latinoamericana, y el apoyo a las acciones gubernamentales en los países inmersos en estos sucesos es mínima y el rechazo a la clase política se hace cada día más evidente.
La opacidad del manejo de los fondos públicos, el aumento en los precios, sobre todo en los energéticos, cuando en el mundo éstos han bajado de manera evidente, en México siguen siendo parte de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ante la indiferencia de los responsables de las políticas económicas. Y menos se han visto acciones para investigar los señalamientos de presuntos actos de corrupción o de enriquecimiento inexplicable y conflictos de intereses. No hace mucho se conocieron las llamadas interceptadas de los funcionarios de la empresa OHL Española, y a la fecha sólo sabemos, medianamente, lo que hicieron, gracias a la prensa internacional, pues al salir en el exterior las noticias son tomadas de manera tímida por los medios nacionales.
El haber nombrado al titular de la Secretaría de la Contraloría, acéfala dos años (de ese tamaño era su importancia). Hasta hoy sólo discursos. Hemos sido informados medianamente pero no ha habido ninguna acción, como se le ordenó el día en que fue nombrado.
La presión social es cada día más fuerte. Se exigen respuestas. Hay inconformidad causada por la crisis económica que sigue agravando la situación de los hogares mexicanos, que molesta sigue viendo cómo van apareciendo propiedades y fortunas ofensivas.
Así que la corrupción no sólo debe ser perseguida y castigada en las altas esferas, sino en todos los niveles y ámbitos. Recordemos que las escaleras se barren de arriba hacia abajo.
