- Habrá demandas si la concesionaria hace válidos sus anunciados cortes, señala el IEA
- El instituto espera notificación oficial para presentarse a un nuevo juicio de amparo
La Constitución lo prohíbe, sin embargo, Caasa tramita un amparo con objeto de cobrar por el servicio de agua potable a escuelas y hospitales, bajo el argumento de que su estabilidad financiera corre riesgos. La concesionaria intentó lo mismo en 2011, quiso hacer cobros por 47 millones de pesos al sector educativo. Dos años después perdió el juicio.
En el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) están a la espera de que se les notifique la fecha de comparecencia en tribunales. El director general, Francisco Chávez Rangel, señaló que no habrá ningún desembolso en este rubro hasta no conocer el fallo de la autoridad. Si la empresa ejecuta los cortes con que ya ha amagado a algunos planteles, añadió, habrá demandas.
Chávez destacó que el proyecto de cobro es inédito, pues ninguna escuela del país paga por el agua potable: “Están violando totalmente los preceptos constitucionales. De acuerdo al artículo 115 fracción cuarta las escuelas son espacios públicos (…), las escuelas no le pertenecen a nadie, así lo refiere la Constitución, ese artículo particularmente refiere que están exentos del pago de los servicios los espacios del dominio público”.
Si el cobro de 47 millones se hiciera válido el instituto estaría obligado a reestructurar su presupuesto de egresos. Adelgazaría algunas bolsas para poner recursos en otra, pues tal gasto no está contemplado en el documento.
El funcionario consideró prudente preguntar su opinión tanto a padres de familia como a sus asociaciones: “No es una acción ilegal lo que estamos haciendo, estamos solamente basándonos en la normatividad, en los derechos de la Constitución. Ya tenemos una primera resolución, es una amparo que ganamos contra ellos, seguiremos haciendo lo necesario para hacer valer los derechos de las niñas y los niños”.
Con tal antecedente el Instituto de Educación echará a andar su estrategia legal en cuanto el Juzgado de Distrito le notifique que está inmerso en un proceso.
Caasa opta por ampliar su lista de clientes semanas después de que el Poder Legislativo aprobara una reforma a la Ley de Aguas del Estado, maniobra que impide acelerar los pagos mediante el corte del suministro, pues el acceso al líquido quedó considerado como un derecho humano.
En el municipio de Aguascalientes, área de influencia de la compañía francesa, hay mil 180 escuelas públicas de todos los niveles.
Enrique Lomas, director jurídico del IEA, dijo que al momento de la rueda de prensa la concesionaria no había requerido depósito alguno: “El instituto se encuentra preparado legalmente para atender este tipo de controversias, no tenemos ningún conflicto, queremos garantizar la constitucionalidad. El artículo 115 (…) establece que los bienes de dominio público se encuentran exentos del pago de los servicios públicos, responsabilidad de los municipios”.
El agua potable y el alcantarillado forman parte de las obligaciones de la Presidencia Municipal capitalina: “El que se encuentre concesionado ese servicio público no implica que esta empresa pretenda o tenga derecho a cobrar a las instituciones, en este caso a las escuelas. Nos encontramos a la espera de que alguna autoridad jurisdiccional no notifique”.
Francisco Chávez mencionó que los recibos de cobro llegan constantemente a los planteles.
–¿Ahora cuánto les están cobrando por todas las escuelas?
–No tengo el dato, no hemos hecho el cálculo porque ni siquiera tenemos por qué hacerlo. Lo que nos querían cobrar de dos años eran 47 millones, estaríamos hablando de poco más de dos millones mensuales.
En 2014 hubo cortes de servicio en varios planteles, algunos, incluso inscritos en el Programa Escuelas de Calidad, llegaron a emitir desembolsos.
“El argumento que hacen es que si no le cobran el agua a las escuelas estarían poniendo en riesgo las finanzas de la concesionaria (…). Este nuevo (amparo) que conocemos lo hicieron a raíz de la reforma que hace unos días se aprobó por el Congreso local, promovieron un nuevo amparo en contra de nosotros para cobrarle el agua no sólo a las escuelas sino también a los hospitales públicos. Me parece que al no tener la posibilidad de cortarle el agua a la gente ahora quieren hacerlo con nosotros.”
–¿En caso de un fallo en contra qué se dejaría de hacer?
–Hay recursos que por ningún motivo podemos reorientar, como el recurso de las becas (…). Tendríamos que utilizar recursos de mantenimiento, ustedes saben cuál es la situación en este momento. Algunos rubros que podríamos tocar sería capacitación docente, dejar de lado los programas extraordinarios: de lectura, de habilidad matemática.
“En 2013, cuando tuvimos el primer problema con el cobro del agua se sumaron los padres de familia. Hoy lo vuelvo a poner a consideración de ellos. ¿Le seguimos o les pagamos? Por el momento no vamos a pagar porque tenemos vigente un amparo.”
