¿Para qué hablar tanto de la democracia? Es más, en ocasiones hasta se convierte en un estorbo para gobernar. Es preferible, entonces, usar el término de ‘democracia’ como ornamento político y aplicar el populismo, que sí llega a la mayoría de la población -por la pobreza en que vive-; de esta manera, al recibir ‘gratis’ los beneficios del Estado los hacen participar en las acciones de gobierno como si fuera democracia.
Sin embargo, ¿cuál es el auténtico significado y sentido de la democracia? Aquí entramos a la batalla de exponer y plantear lo que sí es la democracia, con el objeto de encontrar su utilidad, indispensable, en las sociedades actuales de masas. En las formaciones sociales capitalistas existe un elemento democrático que se vuelve fundamental para su consideración, y que en sí mismo es contradictorio: la economía capitalista funciona, y sólo así, con la participación de las altas cantidades de trabajadores -en los sectores económicos primario, secundario y terciario-. Sin ellos, se pararían, por ejemplo, la industria y los servicios: es lo que llaman la ‘socialización’ de la economía o una economía ‘socializada’. El punto contradictorio consiste en que la riqueza que genera esta economía se está concentrando en pocas manos y no está siendo ‘socializada’.
Nuevamente, ¿para qué hablar de democracia? Una respuesta, entre muchas, es, precisamente, para que la riqueza generada pueda ser ‘socializada’: que los trabajadores que participan en su creación reciban también sus beneficios. El efecto inmediato es el éxito en el combate a la pobreza y la elevación de los índices de bienestar (y no el ingreso de dos millones más de mexicanos en el nivel de pobreza, como ahora sucede). Existe, por lo tanto, una relación directa entre la práctica del método de convivencia que se llama democracia que debe ser sustentada y aplicada por el Estado, y la ‘socialización’ de los beneficios de la economía capitalista.
¿Por qué hablar, entonces, de que existe un ambiente adverso para la democracia en México? Porque lo que estamos observando en los últimos tiempos es, por un lado, que muchos gobiernos están manejando el populismo como si fuera democracia, y, por el otro, se están dando pasos que vulneran cada vez más -o alejan- a la democracia.
Son hechos realizados por los gobernantes, que están siendo solapados, si no es que aplaudidos, por una cantidad importante de ciudadanos (los votos recibidos por el PRI-PVEM en las pasadas elecciones nos muestran este contexto) y que están influyendo adversamente en el buen ambiente necesario para el funcionamiento de la democracia.
Mencionemos ahora algunos de estos hechos negativos para la democracia: la exoneración del PVEM después de la violación constante de las leyes electorales, que le permitió al gobierno del presidente Enrique Peña conservar junto con el PRI la primera mayoría (249) en la Cámara de Diputados; el nombramiento del militante del PVEM, Enrique Escobar, en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobernación, vista como premio a la conducta de este partido; la actuación de muchos medios de comunicación, que para construir una imagen ‘bonita’ del gobierno, evitan la información de los problemas de la economía (baja inflación por el bajo crecimiento), corrupción y pérdida de credibilidad en las instituciones de gobierno; en Aguascalientes, el impulso del PRI a la eliminación de los cortes del servicio de agua potable (con efectos negativos para la sustentabilidad del mismo servicio), que muestra la aplicación del populismo, no obstante existir un fondo de apoyo a las familias vulnerables.
Otro elemento adverso a la democracia en Aguascalientes, al que no se da atención y -por lo contrario- se cubre, es la no aplicación de la ley de sanciones electorales por la intromisión del gobernador del estado que causó la anulación de la elección del Distrito I, propiciando la impunidad. Tal circunstancia presenta una amenaza no sólo a la próxima repetición de la elección en ese distrito, sino al proceso electoral 2016, en que habrá elecciones para gobernador, diputados y presidentes municipales (imaginemos el escenario posible de la anulación de la elección de gobernador por la misma causa).
La base de la amenaza vuelve a ser, de nuevo, la actitud y disposición del mismo gobernador del estado: no reconoce ni acepta límites legales y ahora se justifica con el presidente de la República, que le achaca el que su partido no gane elecciones (lo que parece azuzar y reforzar su conducta de delincuente electoral).
¿Por qué la impunidad? Porque los nueve magistrados electorales establecieron la comisión del delito. Además, la Ley General en materia de delitos electorales, en el capítulo II Delitos en Materia Electoral, determina en el “artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo… X. Organice la reunión o el transporte de votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad de influir en el sentido del voto… artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que: III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato…”.
Previamente, la ley señala en el “artículo 5. Tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrá… la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público federal, local, municipal… y, en su caso, la destitución del cargo”.
En esto consiste el ambiente adverso de la democracia en México… y en Aguascalientes.
