Se tiene conocimiento y hemos casi llegado a un consenso de que la democracia, como forma de gobierno, comenzó en la Antigua Grecia en el siglo V a. C., teniendo referencias concretas de la ciudad de Atenas, a la cual muy seguido la mencionamos como prototipo de la democracia, sin embargo el derecho al voto sólo correspondía a los varones adultos que tuvieran la calidad de ciudadanos y además que hubieran concluido su entrenamiento militar, se excluía a los ciudadanos que tuvieran deudas con la ciudad, a los esclavos y, por supuesto, a las mujeres, siendo entonces una pequeña minoría la que realmente tomaba las decisiones.
En nuestro país, durante la época prehispánica, en Tenochtitlán, Tacuba y Texcoco, quienes formaban la triple alianza, los tlatoanis eran electos de forma indirecta: Con el voto de toda la nación se elegían cuatro electores de entre las personas más destacadas, los cuales, junto con los ancianos, los soldados veteranos y la nobleza designaban al sucesor del Rey.
Posteriormente, durante la colonia, la situación cambió mucho, y los gobernantes fueron impuestos desde Europa con la “anuencia divina”, siendo nombrados para dirigir los destinos de estas tierras a los virreyes, quienes representaban a la corona en la Nueva España.
Con la independencia comienza un proceso democrático, sentándose algunas bases en la Constitución de 1824 y adquiriendo considerable fuerza en 1910, cuando este afán es plasmado en el lema de la campaña presidencial de Francisco I. Madero: “Sufragio efectivo, no reelección”, que posteriormente se consagraría en la Constitución de 1917, pero todavía no se consideró el voto de la mujer.
La lucha por el voto femenino en nuestro país tiene su antecedente documentado más remoto cuando éste es reiteradamente demandado por Laureana Wright de Kleinhans en el periódico feminista Violetas de Anáhuac, que se imprimió durante los años de 1887 a 1889, en la época de don Porfirio Díaz.
Posteriormente, en el año de 1911, varios grupos de mujeres solicitaron al presidente interino Francisco León de la Barra su derecho a votar, con el argumento de que la Constitución, entonces vigente la de 1857, no mencionaba el sexo de los votantes; pero no tuvieron éxito. En 1916 Herminia Galindo, secretaria particular del presidente Venustiano Carranza, le envió una carta solicitando que se consideraran los derechos políticos y electorales para las mujeres, y tampoco hubo resultados.
Fue hasta 1923 en Yucatán que se reconoció el voto femenino tanto estatal como municipal, siendo electas Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce como diputadas y Rosa Torre para regidora del Ayuntamiento de Mérida. En San Luis Potosí las mujeres tuvieron derecho a votar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, año en que se pudo ejercer este derecho, también, en Chiapas.
En 1937 Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución para considerar el voto a las mujeres, pero no fructificó; en 1947 durante la presidencia de Miguel Alemán el voto femenino puede ser ejercido a nivel municipal y fue hasta 1954 cuando, por una iniciativa del presidente Adolfo Ruiz Cortines, la mujer tiene derecho a votar en todas las elecciones de la República.
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