La semana pasada fuimos impactados por la noticia de que en el municipio de Ajalpan, en el estado de Puebla, dos jóvenes encuestadores fueron confundidos, acusados de secuestradores; y una multitud, convocada a través del repique de campanas y con cohetes, entró violentamente en la cárcel municipal y los secuestraron golpeándolos, y posteriormente lincharon e incineraron a la vista de los convocados. En los videos se ve cuando al estar en el fuego son todavía pateados por algunos de los asesinos.
Esto no es el único hecho que ha sucedido en el estado de Puebla, pues el sábado anterior, en Cholula, un niño de once años que estaba platicando con su abuelo fue baleado desde un automóvil que se dio a la fuga y provocó que los habitantes se violentaran. El lunes, apenas cuatro horas antes del suceso de Ajalpan, en el municipio de San Martín Texmelucan, un ebrio chocó contra un taxi, atropelló a un motociclista y fue detenido por la policía; y resultó que es regidor del municipio de San Martín Tlalancaleca. Esto provocó que una multitud atacara las oficinas donde estaba detenido y quemaran patrullas. Doce policías resultaron heridos. En la misma capital, en la junta auxiliar de la Resurrección, fueron sorprendidos unos ladrones. Se detuvo a uno y trataron de lincharlo, y hubo policías heridos. El mismo lunes, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tienen reportados nueve casos en las mismas circunstancias.
Todo esto nos lleva a una reflexión: O las autoridades no cumplen con su cometido de proteger a la ciudadanía y de mantener el orden legal, o bien, han sido rebasadas y ahora impera la ley de la turba. En el primer caso vemos que sacrificaron a dos inocentes que lo único que hacían era trabajar.
Ahora, después del cambio de gobierno en Michoacán, en Nahuatzen, los habitantes colocaron retenes y barricadas y declararon que no permitirán la llegada del ejército o de las policías, pues exigen que ellos mismos sean los que formen el cuerpo de seguridad. Acusan que el nuevo alcalde, que apenas tiene un mes de haber tomado el cargo, llevó policías que son ladrones y extorsionadores.
Ahí mismo en Michoacán, en Cherán, también bloquearon la carretera con sus vehículos más de mil comuneros, y ahora exigen ser ellos también quienes sean la autoridad en el municipio. Esto es sólo una muestra de las reacciones de los grupos sociales que han pasado por alto el orden establecido, y con violencia ahora se hacen justicia por propia mano. No es de dudarse que detrás de estos movimientos sociales se encuentren personas azuzando a la multitud con fines políticos; o bien los grupos criminales que a río revuelto buscan distraer a la autoridad.
Esto es un aviso de que es necesario que las autoridades estén cerca de la población, atentos a cumplir su cometido y no dejar vacíos de poder, pues en el ejercicio de gobernar, en la política y en la economía, no debe haber vacíos, pues si alguien los deja, otros, de inmediato, lo llenan, y este desorden provoca los excesos y los crímenes de ambas partes.
Ahora se nos agrega que a nivel internacional se nos ha tachado como un país en el que no se respetan los derechos humanos; hasta los norteamericanos, que no se caracterizan por ser respetuosos, han castigado a nuestro país rebajando los fondos de la iniciativa Mérida. Y nos dice la Secretaría de Relaciones Exteriores que fue poco lo que se rebajó. Aquí el problema no es si rebajaron o no, sino si se respetan o no los derechos humanos.
Desafortunadamente a todos los niveles la violación a la ley está de moda. En el Senado se discute si se da un plazo más al “apagón” analógico, cuando es una reforma constitucional la que lo ordena, poniendo como plazo máximo al 31 de diciembre. Televisa ha presionado para que esa fecha se amplié, pues está cuidando el rating, pues de darse el apagón el 31 de diciembre, la medición de sus ratings bajaría y con ello los costos de su pauta publicitaria para el año entrante. Y claro, con un poco más de tiempo se empataría la entrega de televisores con las elecciones del año que entra.
Estimado lector, un país en donde no se respetan las leyes y el Estado de Derecho no existe, la salida de inversiones está a la vuelta de la esquina. Los derechos fundamentales deben de ser tutelados y exigir que se cumplan en todos los órdenes.
