No cabe duda que estamos ante situaciones muy riesgosas, pues en un país en donde la sociedad no respeta la ley y la autoridad no tiene la fuerza para exigir su cumplimiento, o la infraestructura para hacerlo, se corre el riesgo de que se provoque la anarquía y ésta la violencia y la ley de los más fuertes.
Pero el que el gobierno sea el que no la cumple es un asunto muy serio, pues nos habla, o de un Estado débil o bien que desprecia la ley y los derechos de los ciudadanos, y esto viene a colación porque con un solo anuncio se ha hecho público que no se expedirá la cédula de identidad ciudadana, pues la ley habla de ella con la cual se tendría acceso desde el acta de nacimiento, y de ahí a todos los registros oficiales, a los que un ciudadano tiene, durante su vida, que tener, desde certificados y títulos educativos, pasaportes, registros en el sistema de salud y sus antecedentes de lo mismo, etcétera. Ahora nos dicen que tendremos sólo la clave única, que consiste en un código alfanumérico, y de éste sólo se entregará una constancia, la cual estará ligada a los datos biométricos del ciudadano. Esto a diferencia de la CURP.
Recordemos que en el sexenio anterior se comenzaron a recabar datos personales y registro de iris de 5.5 millones de niños, como comienzo del programa de la cédula de identidad ciudadana, en virtud de que los adultos, temporalmente, seguiríamos utilizando la credencial de elector como documento de identidad para todo tipo de trámites, y posteriormente se nos expediría la cédula.
Este asunto es parte de que nunca se ha cumplido con la Ley General de Población, que mandata la expedición de la cédula de identidad ciudadana desde 1974, en que fue expedida. Ya en 1992 el presidente Carlos Salinas de Gortari envió una iniciativa al Congreso para que se expidiera una cédula de identidad con nombre, fotografía, firma y huella, pero no prosperó. En 1996 el presidente Ernesto Zedillo creó la clave única de registro de población (CURP), la cual consta de 18 caracteres alfa numéricos, la cual no nos ha servido para gran cosa. Y el presidente Felipe Calderón decidió dar cumplimiento a la ley y se comenzó a generar una cédula en los menores, para luego darla a la población en general, este programa se llevó 2,300 millones de pesos en recursos en su implementación y arranque.
Entonces ahora el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva (el de la “roqueseñal”), anuncia, sin ningún rubor, que se cancela el programa de la cédula y regresamos al sistema de 1996.
Esto es grave. Debemos estar atentos a que el Congreso de la Unión valore esta decisión y vea por el interés de la ciudadanía, pues en la mayoría de los países del mundo los ciudadanos cuentan con sus cédulas de identidad o carnet, con los cuales tienen acceso a todos los servicios gubernamentales y a sus datos, a todos sus antecedentes en un solo documento. La Segob, a través del subsecretario Villanueva, aduce que este nuevo programa sólo necesitará una inversión de 600 millones de pesos. Esto se ve a leguas que es el motivo principal para cancelar el cumplimiento de la ley, o buscar modificarla a su modo para salir del paso.
Creo que si es por ahorro de presupuesto hay otros gastos en la burocracia en los que pueden recortar, y no en un servicio tan necesario para la población, y sobre todo para el acceso a toda la documentación oficial de un ciudadano, lo cual evitaría sacar copias, o bien reposiciones, cuando se extravía un documento; y más en un país donde los elementos climáticos hacen perder a los ciudadanos sus documentos oficiales y es un calvario reponerlos.
Pues esta es una más de la irresponsabilidad, ante la ley y los ciudadanos, en su derecho a servicios.
