- Si bien la ley es un avance para combatir la corrupción, deja fuera a quienes no son funcionarios
- La investigadora de la UAA, Tapia Tovar, señaló que no deja claras las sanciones
Si bien la Ley Anticorrupción es un avance sigue siendo insuficiente pues va dirigida sólo a los funcionarios y no a los ciudadanos quienes también tienen prácticas corruptas, aseguró Evangelina Tapia Tovar, investigadora del Departamento de Sociología, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) que realiza la investigación Análisis Comparativo Sobre la Visión que los Universitarios Tienen sobre la Corrupción.
A decir de la investigadora la Ley Anticorrupción es indudablemente un avance pues contempla muchas conductas que anteriormente no estaban tipificadas como delitos por la ley, sin embargo aún es insuficiente pues no hay castigos claros y conductas precisas para los delincuentes o las personas que tengan prácticas corruptas.
Agregó que la insuficiencia de la ley se demuestra mayormente pues muchas de las conductas tipificadas están pensadas sólo en los funcionarios públicos, suponiendo que son solamente ellos quienes actúan de manera corrupta, cuando lo cierto es que tanto ellos como los ciudadanos pueden incurrir en estas prácticas.
Por otro lado, aplaudió que la ley tome en cuenta también a los empresarios quienes se ven implicados en prácticas corruptas que involucran al gobierno al cual son incluso capaces de sobornar para obtener obras o proyectos, incluso cuando son extranjeras.
Respecto a la ley 3de3, señaló si bien se pone en evidencia la gran brecha que existe entre lo que ganan los políticos quienes se han dedicado exclusivamente a la política, también puede resultar peligroso para ellos pues se evidencia en cierta forma su vida privada.
Señaló que, en general, los funcionarios son personas que han adquirido sus bienes sólo de la administración pública por lo que con esta propuesta la ciudadanía se daría cuenta que aun siendo dinero bien habido, resulta contrastante con lo que gana el resto de la población.
Además podría notarse cómo es que estos ingresos rebasan por mucho lo que un funcionario normal debería de ganar, por lo que se despertarían dudas de dónde proviene ese dinero y si es legal.
