Los ciudadanos estamos sujetos a las decisiones que toman quienes nos gobiernan.
A nosotros nos toca elegir, exigir y participar para poder tener mejores condiciones de desarrollo para cada ciudadano.
En este acuerdo en donde somos unos los ciudadanos y otros los gobernantes, les toca a los segundos escuchar a los primeros.
El descontento permanente de la ciudadanía a la clase política es por el cuestionamiento constante de si este acuerdo se está cumpliendo o no.
Durante años, Aguascalientes se ha visto frenado por la capacidad de movilizar gente dentro de la ciudad y entre los municipios.
Vemos cómo a la primera oportunidad económica las familias se hacen de más vehículos para poder trasladarse a las distintas actividades educativas y laborales
Vemos cómo las empresas contratan servicios de transporte privado para trasladar a su personal, de lo contrario el estado es incapaz de poder brindar un servicio de transporte público que cumpla esta función.
Existe un grito fuerte de ayuda por parte de empresarios, trabajadores y estudiantes para la mejora de transporte público. Pero pareciese que existen gobernantes sordos. Sordos ante la exigencia y el grito desesperado. Pero también gobernantes ciegos, que no se dan cuenta de la afectación a la calidad de vida de las personas ante el estado del transporte público.
Unidades que no garantizan la seguridad de las personas en cada traslado. Unidades que no están adecuadas para que cualquier persona las utilice, no digamos personas con discapacidad, ni siquiera niños o personas de la tercera edad.
Aguascalientes no puede más. El modelo de transporte público ha colapsado.
La ciudadanía no puede más. La peor ofensa de un gobierno insensible a la ciudadanía, es que la única negociación que se hizo en seis años sobre transporte público fue la de la tarifa.
En 6 años nunca se habló de la atención que se ofrece, de los mecanismos para que los usuarios se quejen, de las condiciones de las unidades y mucho menos de las situaciones en las que se deben revocar las concesiones.
La petición de los usuarios es muy clara: que se cumpla la ley. Que no se permitan unidades que no cumplen con los requisitos que la misma ley pide.
En este momento para el cierre del sexenio la esperanza ya no era una autoridad innovadora que cumpliera su promesa de campaña de solucionar la problemática de transporte, no, la única petición es que se cumpliera la ley.
Tristemente ninguna de las unidades cumple los requisitos mínimos para estar circulando y la autoridad cierra los ojos siendo cómplices del problema.
Hoy a los ciudadanos nos toca exigir más que nunca.
Tenemos un gobierno que al entrar deberá comenzar a cumplir sus promesas de campaña. Una de estas fue en materia de Transporte.
Las decisiones de transporte público se deben de ciudadanizar. No podemos permitir que sigan siendo los mismos actores con conflictos de interés los que dirijan el rumbo de una actividad vital para el estado.
El día número uno del próximo gobierno se debe aplicar la ley. Quitando la concesión a todos aquellos que no estén cumpliendo la ley.
Antes de establecer cualquier mesa de negociación el gobierno entrante deberá de responder la pregunta de si va a actuar del lado de la ley y de los ciudadanos, o del lado político y de los intereses particulares.
Y la manera de responder a la pregunta que ya está en el aire es si llegará a aplicar la ley, haciendo cumplir a los concesionarios o no.
Una vez habiendo hecho cumplir la ley a quienes hoy han demostrado tener la capacidad de extorsionar a Aguascalientes mediante un paro, entonces comenzar una mesa de negociaciones en donde antes de la tarifa de discuta todo aquello que genere mejores condiciones en el servicio para el usuario.
