- El PRD señala que el gobierno estatal permitió que el conflicto escalara
- Insuficiente la actuación de Derechos Humanos ante el caso
Gobierno del Estado no puede eludir su responsabilidad ante las agresiones que sufrieran estudiantes normalistas michoacanos el pasado viernes, toda vez que el actuar de la Policía municipal de la capital se dio con base en los lineamientos del Mando Mixto Policiaco, según lo refirió Emanuelle Sánchez Nájera, dirigente local del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Nos tienen que explicar de dónde vino la orden, porque en este supuesto Mando Mixto, Benítez no se mandaría solo, porque el problema es que a siete meses, no tenemos claro qué demonios es ese Mando Mixto. Éste es un ejemplo claro llevado a una dimensión más drástica, que como no existe un marco jurídico, esta es una tierra de nadie. Si no nos dicen si (Héctor) Benítez tomó la decisión solo, si la orden vino de más arriba, o si los elementos policiacos se brincaron a Benítez”, refirió el dirigente perredista.
Destacó que el lograr acuerdos con las estudiantes de la Normal Rural de Cañada Honda, no se exime de responsabilidad al Ejecutivo estatal, toda vez que dijo el perredista, fue el estado el que permitió que el conflicto escalara hasta llegar a las agresiones por parte de elementos policiacos, “este movimiento estudiantil evidenció de fea manera al gobierno estatal; lo evidenció en muchos aspectos, desde la falta de capacitación y protocolos de la seguridad pública, y este aparente Mando Mixto para actuar casos así, lo que se ha evidenciado en todas manifestaciones en donde había reacciones inadecuadas por parte de Seguridad Pública”.
Además, Sánchez Nájera condenó el hermetismo que imperó por parte de autoridades estatales ante el conflicto estudiantil y municipales tras el sometimiento de los normalistas michoacanos, “no había ningún pronunciamiento social de prácticamente ninguna instancia respecto a qué estaba sucediendo con el conflicto, jamás se supo nada. Este silencio a veces parecía accidental, otras, premeditado por parte de gobierno del estado, lo que vino a auspiciar que hubiera violencia dentro de la propia sociedad de Aguascalientes, se polarizó el tema”.
Destacó que si bien las normalistas ya regresaron a las aulas, deberá garantizarse el puntual seguimiento a los acuerdos y el cumplimiento de ambas partes, además de aclararse lo relativo a la violencia generada desde las instituciones y la sociedad: “No tiene que ser un vale automático a que ya todo se nos olvide, y que no tengamos que exigir, conocer, qué sucedió con esos camiones secuestrados durante las protestas, qué pasó con las afectaciones económicas que pudieron haber existido (…) qué pasó con este viernes en el que hubo tanta violencia, quién la ordenó, cómo fue que se auspició, qué pasó realmente, y quién va a ser el responsable de todo esto. No quiere decir que por el hecho de que supuestamente se llegó a un arreglo, ya no debamos conocer qué cosas van a ocurrir”.
Emanuelle Sánchez Nájera cuestionó la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDHA) durante el conflicto, toda vez que el organismo no pudo prever las agresiones que se consumaron el pasado viernes, “que Jesús Eduardo Martín Jáuregui que se ponga a trabajar; hay una ausencia clara por parte de Derechos Humanos; el ombudsman tiene que darle seguimiento y concluya este caso”.
