- Actualmente Aguascalientes no cuenta con ninguna institución que dirima las controversias de carácter electoral
- IEE solicitó el pronunciamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
El retraso en la instalación del Tribunal Electoral del Estado ha dejado en el limbo jurídico ocho medios de impugnación, ya que en estos momentos en Aguascalientes no existe ninguna autoridad que dirima las controversias de carácter electoral.
La Sala Administrativa se declaró incompetente para resolver este tipo de asuntos, pues dicho tribunal debió constituirse un día después de que Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez rindieran protesta como magistrados electorales ante el Senado. Sin embargo a casi un mes del nombramiento, no han entrado en funciones por falta de presupuesto.
Por esta razón, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes presentó una solicitud a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que defina quién resolverá los expedientes que el Poder Judicial del Estado dejó inconclusos, correspondientes a siete impugnaciones contra el registro de partidos políticos locales y el refrendo de las asociaciones políticas.
“La necesidad es que ya sea con la instalación de este nuevo Tribunal Electoral local, o bien, que la Sala Administrativa continúe con esta competencia en tanto se instalen los nuevos magistrados, debido a que se está violentando el artículo 17 constitucional que garantiza el acceso a la justicia expedita”, abundó el consejero presidente, Luis Fernando Landeros Ortiz.
Entrevistado durante el inicio de las Mesas de Diálogo para una Cultura Cívica, señaló que la expectativa es que el TEPJF emita un criterio vinculatorio para que cualquiera de los organismos conozca y concluya los expedientes: “No tenemos una instancia jurisdiccional que resuelva medios de impugnación y el ejemplo está en los ocho medios de impugnación por actos del IEE y aplicación de normas electorales (…) están en un limbo jurídico y eso no es lo deseable ni lo legal”.
Landeros explicó que los medios de impugnación sí tienen un plazo perentorio para resolverse, pero que está supeditado a la existencia de una tribunal, “Ni siquiera tenemos una autoridad a la cual obligar, porque los magistrados sólo fueron designados pero falta la instalación formal, su estructura, ley orgánica interna, saber quién será el presidente y quienes los secretarios”.
Confió en que la situación se defina antes del próximo proceso electoral que arrancará en octubre, para que finalmente se complete el círculo de autoridades que mandató la última reforma, con la que se profesionalizaron a las autoridades electorales del estado.
