La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una importante resolución donde otorgó un amparo a Telefónica Móvil para eliminar la tarifa cero en la interconexión.
Esta resolución trae consecuencias importantes que serán tema de primera plana en medios de comunicación porque impactarán a distintos sectores, y principalmente a la población que consume servicios de telecomunicación, que es la gran mayoría.
Para poder entender la trascendencia de este hecho tendremos que remontarnos a la agenda que trazó el pacto por México en donde se discutió la necesidad de acotar el poder económico y político y de Carlos Slim.
Se consideró en ese tiempo que era necesario generar un proceso de contrapeso a la preponderancia económica tenían las empresas de Slim, principalmente las relacionadas en las telecomunicaciones y que era necesario abrir el mercado para permitir la competencia.
Siguiendo este espíritu, la Cámara de Diputados y posteriormente validada por el Senado, acordaron que en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se iba a aplicar una tarifa cero en el derecho de interconexión, es decir que toda la infraestructura generada por América Móvil de cableado, postes, subestaciones, repetidoras, pero sobre todo la instalación de fibra óptica, podría ser utilizado por quien preste un servicio de telecomunicación sin tener que pagar un solo peso, por la utilización de esta infraestructura.
Esta determinación cayó como bomba a los directivos y dueños de Telefónica Móvil que argumentaron que habían hecho una inversión millonaria en los último treinta años, y que no encontraban razón alguna para que a sus competidores no les costara un solo peso invertir en infraestructura de los servicios a prestar, y por los que iban a obtener una ganancia.
Que era América Móvil la única que habían aportado cantidades importantes en inversión de infraestructura, para mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos en telecomunicaciones. Que no había una sola razón para que cualquier empresa, que además es su competencia, sin pagar un solo centavo, se beneficiaran de esta infraestructura obteniendo ganancias a costa de la inversión histórica de América Móvil.
El pleito entre Televisa y Telcel se mantuvo desde entonces en alta intensidad, hasta que la semana pasada la SCJN, otorgó un amparo a Telefónica Móvil considerando anticonstitucional el artículo 131 de esta Ley.
Los argumentos de la Corte consideraron que el Congreso de la Unión no tiene atribuciones para establecer tarifas o intervenir en regular el mercado en relaciones asimétricas. Que excedieron las facultades de sus atribuciones.
Que es el Ifetel quien constitucionalmente está facultado para establecer tarifas y regulaciones asimétricas. El artículo 131 de la Ley debe ser corregido, y a partir de esta determinación queda suspendida la tarifa cero, pero es el Ifetel es quien tiene que determinar si se mantiene en cero la tarifa, o si las empresas que están siendo beneficiadas de esta infraestructura tienen que pagar por el derecho de interconexión.
En un acto de respaldo y de reconocimiento de autonomía del Ifetel, la SCJN determina que es este órgano quien tiene que determinar si se paga o no se paga por la interconexión.
Si el órgano técnico toma decisiones con base en la estructura del mercado, seguramente va a determinar que las empresas beneficiadas por el uso de infraestructura de América Móvil, tienen que pagar por el uso de ese derecho.
Esa sería la decisión más lógica y que está sujeta a las leyes del mercado. Pero como las decisiones institucionales no son simples, la contradicción más importante que va a enfrentar el Ifetel para tomar una determinación, es el impacto que pueda tener su intervención.
Los pagos por este derecho no van a salir de la bolsa de las empresas cableras o de televisión nacional, lo van a trasladar con toda seguridad al consumidor.
Esta decisión va a encadenar una serie de consecuencias económicas entre las empresas, pero y sobre todo a la población consumidora que es un segmento muy importante de la población, principalmente a la clase media del país.
Afectará también a servicios educativos donde su función no es la ganancia económica sino la comunicación a distancia. En pocas semanas este tema va a ser parte de la discusión nacional, porque se van a derivar importantes consecuencias económicas. Mi correo: [email protected]/@normaglzz.
