- Las rupturas internas del PAN en la Cámara de Senadores podrían facilitar su permanencia en el periodo de transición
- Con excepción de Fernando Herrera, los panistas de Aguascalientes no se han pronunciado al respecto
Las rupturas en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Senadores podrían estar allanando el camino para que Raúl Cervantes Andrade -actual procurador- encabece la Fiscalía General de la República.
En 2018 vence el plazo para que la Procuraduría General de la República (PGR) desaparezca para dar paso a la Fiscalía, un órgano público autónomo responsable de la procuración de justicia y la investigación de los delitos, como lo marca la reforma al artículo 102 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de febrero de 2014.
Dicha reforma establecía inicialmente que el procurador general tendría pase automático a la Fiscalía, sin embargo, en noviembre de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto presentó una iniciativa para modificar el artículo 16 transitorio de la Constitución con el fin de eliminar el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, sino que permaneciera en el puesto hasta que el Senado realizara la designación, con lo que puede considerarse para participar en dicho proceso.
Al hacer caso omiso a la propuesta presidencial, los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) respaldaron abiertamente a Cervantes Andrade como nuevo fiscal; durante la XI Reunión Plenaria del grupo parlamentario celebrada en la Ciudad de México, el líder nacional tricolor Enrique Ochoa Reza manifestó su apoyo al actual procurador al considerar que “tiene la trayectoria, el profesionalismo y el desempeño público para tener la altísima responsabilidad de ser fiscal general de la nación”.
Para la elección del nuevo fiscal, que durará nueve años en el puesto y sólo puede ser removido por las causas graves que establece la ley, los senadores deben enviar una lista de al menos 10 prospectos al cargo al Ejecutivo Federal, para que este seleccione tres y los reenvíe a los legisladores, que deben solicitar la comparecencia de las personas propuestas en la terna y, posteriormente, designar al fiscal general con el voto de dos terceras partes de sus miembros.
El senador panista, Fernando Herrera Ávila, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, tuvo por un año -desde septiembre de 2016- en sus manos la posibilidad de instalar el procedimiento legislativo para designar a los titulares de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, tema que fue aplazado debido a la supuesta falta de consensos entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara Alta.
Las fracturas internas del blanquiazul se acentuaron el pasado 31 de agosto cuando Ernesto Cordero fue electo como presidente de la Cámara de Senadores para el período 2017-2018 sin el aval de sus compañeros de bancada y del dirigente nacional panista, Ricardo Anaya Cortés. Cordero fue elegido por 77 votos a favor, aunque sólo cuatro panistas aprobaron lo propuesto por el coordinador parlamentario del PRI -Emilio Gamboa-: Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle, todos ellos militantes de una corriente antagónica al líder panista.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN reprobó, a través de un comunicado, a los senadores panistas “que coinciden con los intereses del PRI-Gobierno”; el boletín, difundido el 1 de septiembre, señala que el blanquiazul no está representado por los militantes electos a propuesta del tricolor, a quienes analiza sancionar: “Los penosos acontecimientos se inscriben en el marco del interés del Gobierno Federal de imponer un fiscal general a modo que les cuide las espaldas por los próximos 9 años (…). Censuramos la intromisión del PRI en asuntos que corresponden al grupo parlamentario del PAN, como lo es la propuesta para presidir la mesa directiva del Senado y le manifestamos que bajo ninguna circunstancia será tolerado. Seguiremos insistiendo, por todos los medios a nuestro alcance, en la necesidad urgente de impedir que el PRI y el gobierno consuman su intención por imponer un Fiscal General a modo por los próximos nueve años a fin de garantizar la impunidad transexenal”.
En el ámbito local, el Comité Directivo Estatal del PAN no se ha pronunciado al respecto.
Si la Cámara de Senadores no tiene el nombramiento en los plazos establecidos en la ley, el presidente de la República escogerá al fiscal general de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, de la terna respectiva.
Antes de la reforma, la PGR era una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, su titular era nombrado por el presidente y podía ser removido libremente por el mismo, con el aval del Senado de la República.
