El sismo del 19 de septiembre fue devastador: se estiman 337 personas fallecidas; sólo en la Ciudad de México alrededor de 40 edificios colapsaron, más de siete mil presentan daños y más de 300 son inhabitables. La ubicación de la Ciudad de México en la cuenca del antiguo lago de Texcoco produce un efecto que intensifica el movimiento sísmico; al estar construida sobre suelos muy blandos las vibraciones multiplican su amplitud y sacuden la ciudad con mayor intensidad. Por eso, al igual que en 1985, la mayoría de los edificios afectados se encuentran en la zona del antiguo lago. Si bien la posición geográfica de la ciudad es inamovible, el desastre puede y debe mitigarse. Veamos.
Los desastres no son necesariamente “naturales”. El riesgo es una función de la amenaza, en este caso un sismo, y la exposición y vulnerabilidad de la población a dicha amenaza. Estos dos últimos factores dependen de la manera en que está planificada y construida una ciudad. Es decir, los fenómenos naturales se convierten en desastres, en parte, por políticas públicas fallidas, regulaciones deficientes y decisiones corruptas o improvisadas en los procesos de planificación y desarrollo urbano.
La acción humana aumenta el impacto de estos fenómenos a través de dos procesos fundamentales: la débil aplicación de los reglamentos de construcción y la planificación inadecuada de los usos del suelo.
Primero, a partir del riesgo sísmico -la magnitud de los sismos que ocurren con frecuencia en una localidad- se elabora un reglamento de construcción que define la fuerza que un edificio debe resistir durante un evento de este tipo; al mismo tiempo, ese reglamento determina los requerimientos básicos de seguridad estructural que las edificaciones deben cumplir. A pesar de que la Ciudad de México cuenta con uno de los reglamentos de construcción más avanzados su aplicación es profundamente deficiente y desigual.
Por lo tanto, el problema no es el reglamento sino su aplicación. Ya sea por la ausencia de voluntad política, una burocracia disfuncional o corrupción, las normas de construcción en la Ciudad de México y muchas ciudades del país raramente se cumplen a cabalidad. De acuerdo con el New York Times, un estudio demostró que de una muestra aleatoria de 150 edificios construidos después de 2004 en la Ciudad de México, 71 por ciento no alcanzaba los más altos requisitos de seguridad estructural; mientras 36 por ciento no alcanzaba ni siquiera los requerimientos mínimos. Entonces, para reducir el impacto de los sismos y otros fenómenos naturales debemos primero asegurar la aplicación estricta y rigurosa de reglamentos que hasta ahora existen sólo en el papel.
Segundo, al igual que los reglamentos de construcción, la planificación de los usos del suelo es una de las herramienta más importantes para reducir el riesgo de desastres, pues ésta determina qué se puede construir, en dónde y cómo. A través de la planificación de los usos del suelo se pueden identificar, por ejemplo, zonas que deben permanecer libres de edificaciones por estar expuestas a algún tipo de amenaza como sismos o inundaciones. Para ello, las ciudades en teoría cuentan con un Atlas de Riesgos, un documento que identifica las vulnerabilidades y peligros que amenazan a la población, y que sirve como una de las bases para la planificación y regulación del desarrollo urbano. Sin embargo, la planificación de los usos del suelo más bien suele realizarse a través de negociaciones corruptas entre privados y funcionarios para obtener usos del suelo o licencias de construcción a cambio de comisiones o favores a costa del beneficio y la seguridad de la población. Por eso, frecuentemente vemos viviendas asentadas en zonas de deslaves o inundaciones; gasolineras al lado de hospitales; o guarderías o escuelas junto a fábricas o industrias.
En las próximas semanas habrá una enorme presión para reconstruir rápidamente lo que existía antes del sismo. Sin embargo, primero se debería determinar qué áreas en efecto deberían ser reconstruidas como existían y qué otras deberían ser replanificadas para inhibir el desarrollo urbano o la construcción en zonas de alto riesgo o bajo qué condiciones podrían ser autorizados. Si el daño en alguna zona es modesto es probable que los edificios puedan reconstruirse como estaban; pero en aquellas donde el daño es más severo se deberían repensar tanto los usos del suelo como la intensidad de construcción.
En resumen, una ciudad preparada a los embates de la naturaleza es aquella donde se reduce el riesgo de desastre planificando el desarrollo urbano para reducir la exposición y vulnerabilidad de la población a fenómenos naturales, y asegurando el cumplimiento de los reglamentos de construcción. Para ello, los gobiernos locales deben asegurar los recursos necesarios para desarrollar capacidades sólidas de planificación y gestión del riesgo. El sismo del 19 de septiembre debe servir como lección para empezar ahora; de lo contrario, seguiremos poniendo en riesgo nuestra seguridad.
fernando.granados@alumni.harvard.edu | @fgranadosfranco
