- Cinco de los fiats notariales en el último año de la administración del priista fueron ya validados
- Suprema Corte se pronunció este miércoles sobre la notaría pública 54, en poder de María de los Ángeles Aguilera Ramíre
Por lo menos seis de las trece notarías entregadas en el último año de la administración de Carlos Lozano de la Torre -2016- se encuentran en suspensión de funciones, a dos años de su liberación.
Ocho de los fiats presuntamente irregulares fueron impugnados por otros miembros del gremio por el supuesto incumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley de Notariado para el Estado de Aguascalientes y la Ley Orgánica de la Administración Pública. Algunos de estos recursos se resolvieron en tribunales colegiados y otros tres llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A consecuencia de este litigio, están impedidos para ejercer la función notarial Juan Carlos de Alba Ortega (6), Sergio Javier Reynoso Talamantes (57), Fernando González de Luna (58), Alejandro Bernal Ruvalcaba (59), Mario Luis Ruelas Olvera (63) y José de la Mora de Ávila (64), de acuerdo con el Directorio de Notarios Públicos del Estado de Aguascalientes.
También aparece con el estatus “pendiente” la Notaría Pública Número 54, en poder de María de los Ángeles Aguilera Ramírez, que este miércoles 15 de agosto fue revocada por el máximo tribunal, por incumplir con el requisito de no pertenecer al estado eclesiástico, al estimar que la constancia expedida por el vicario general de la diócesis de Aguascalientes no es suficiente para cumplir con el requisito exigido por la Ley del Notariado, lo que debió acreditarse mediante una constancia expedida por la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Segob federal. El expediente fue devuelto al Tribunal Colegiado de Circuito para su valoración.
También está suspendida la notaría pública 61, asignada a Asunción Gutiérrez Padilla quien se desempeña desde diciembre de 2017 como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Antes de que el ombudsman asumiera el cargo, los órganos judiciales habían avalado su fiat.
Cinco de los fiats notariales otorgados a personas cercanas a Lozano de la Torre fueron ya validados y se encuentran en el directorio de la Secretaría General de Gobierno: la notaría 60, de Alberto Solís Farías; la 7, de Myrna Paulet Reynoso Rivera Río; 27, de Fernando López Velarde; 28, de Moisés Rodríguez Santillán y la 62, en poder de Roberto José Arellano Crespo, la cual fue reactivada en marzo de este año tras el aval de la SCJN.
La Contraloría de Aguascalientes inhabilitó del servicio público por 15 años a Alejandro Bernal (notaría pública 59), exsecretario de Gobierno del Estado, por ser el responsable de la entrega irregular de este paquete de fiats, entre cuyos beneficiarios se encuentran él mismo, su esposa y personas cercanas al pasado gobernador.
En Aguascalientes, el Gobierno del Estado, tiene la facultad discrecional de asignar notarías públicas.
