En los últimos años, México ha experimentado sus transiciones de gobierno más ordenadas y estables. Lo anterior ha sido posible gracias al funcionamiento de instituciones que han administrado recursos humanos y materiales para garantizar contiendas legales, justas y equitativas.
Tras 70 años de un régimen que dominó toda la esfera pública, la alternancia llegó al país de la mano de esas instituciones que hoy, sin embargo, buscan ser cooptadas por el partido en el gobierno. Así es. Y es que de manera sorprendente Morena ha planteado como parte de una iniciativa de Reforma Electoral, la desaparición de los Órganos Públicos Electorales (Oples) y del propio Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE).
Lo anterior tiene una intención clara: el partido de López Obrador busca controlar en adelante los procesos electorales en el país desde esta institución y los recursos que desde ahí se destinan a los distintos partidos políticos.
El gobierno morenista se ha distinguido en sus primeros seis meses de vida por su presión sobre los órganos constitucionales autónomos. Desde la reducción presupuestal planteada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, que debilita su operatividad como entes de contrapeso, hasta las injerencias abiertas sobre los mismos, que en el caso de la CRE, llevaron a la renuncia de su Comisionado presidente.
La reforma electoral propuesta por Morena representa una regresión absoluta. Es un atentado contra el Federalismo, contra la división de poderes y contra la propia democracia.
Se busca secuestrar a las instituciones electorales para garantizar la perpetuidad de la “izquierda” en el poder. Desde el INE, incluso, se ha advertido ya que la reforma morenista pondría en riesgo la autonomía de esa institución y la propia operatividad del sistema electoral.
Y es que bajo el argumento de la “austeridad”, ese mismo que ha provocado la parálisis de la administración pública en distintas áreas, el gobierno morenista busca ser el mayor beneficiario de las partidas presupuestales y tener incondicionales del Instituto Nacional Electoral.
“¿Qué más da?”, deben pensar los legisladores de Morena que impulsan la iniciativa, si tienen como ejemplo al Presidente López Obrador, quien de “plumazo” abroga reformas constitucionales y quién a cada oportunidad desacredita el papel y la voz de los órganos constitucionales autónomos.
La realidad es que nuestra democracia es joven, pero ha permitido la alternancia política. Sin embargo, en los últimos años se ha visto debilitada por distintos factores como la violencia, la corrupción y la falta de confianza de los ciudadanos, como lo revela el Índice de Desarrollo Democrático de México 2017.
Hoy lo que tendríamos que estar discutiendo es una reforma integral que verdaderamente atendiera los retos en la materia y las áreas de oportunidad: el voto electrónico, el aumento de la participación ciudadana y la representatividad, la socialización digital de los contenidos electorales y por supuesto, la reducción del costo de los procesos electorales.
Sin embargo, lo que está en el debate público es la defensa de nuestro sistema electoral, como lo conocemos hasta hoy, ante el burdo intento de Morena por centralizarlo. Así las cosas hoy con la 4T.
