- Hay en Aguascalientes más de cinco mil juicios en rezago
- La implementación de los juzgados laborales llevará más de tres años
El cambio de las juntas de conciliación y arbitraje a juzgados laborales puede ser sólo un maquillaje si no se destina el presupuesto necesario para acabar con el rezago de los asuntos aún existentes, ya que se calcula que en el estado hay más de cinco mil juicios en trámite.
Ante una transición que se calcula llevará al menos tres años, persistirán aspectos como la falta de capacitación, de personal, y con ello la acumulación de juicios, lo anterior si no se destina el presupuesto necesario para acabar con el rezago de los juicios, señaló Juventino Romero de la Torre, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Aguascalientes.
La restricción de los apoyos federales es preocupante ante la obligada creación de los nuevos organismos como los centros de conciliación, los juzgados laborales dependientes del Poder Judicial, y de la creación de la Ley Orgánica del Poder Judicial tanto estatal como federal.
Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está realizando su trabajo, la transición a las nuevas dependencias esperan que sean en periodos muy largos, ya que el 1 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que señala que los nuevos juzgados laborales deberán estar trabajando en un periodo de tres años, es decir, el 1 de mayo del 2022 y los federales para el 2023.
Durante este proceso habrá un periodo en el que las juntas locales y los tribunales laborales van a coexistir atendiendo juicios: los primeros, los rezagados; y los segundos, los nuevos casos que entran en trámite una vez que sean creados.
Si bien el límite es de tres años para los juzgados laborales locales, podrían extenderse uno o dos años más, de tal forma que no se trata de un proceso a corto plazo que comience a trabajar este nuevo esquema de impartición de justicia laboral con los que se pretende que sea más ágil, al poner como límite en la resolución de un juicio un plazo de 70 días.
“Para que se cumplan los plazos es necesaria infraestructura, suficiente personal, que este sea capacitado”, insistió el también empresario.
