- El Senado aprobó la iniciativa que propone alejar a los servidores que concluyeron su cargo del sector privado por al menos diez años
- Va en contra del Artículo 5 de la Constitución; es violatoria de derechos humanos
Los funcionarios públicos de altos mandos como secretarios, jefes de departamento, presidentes, etc., se verán apartados de la oportunidad de unirse a la iniciativa privada por al menos diez años después de concluidas sus labores en el cargo. Esta prohibición ya aprobada la Cámara de Diputados (ley de origen), es un error y una “aberración”, según Gerardo Sánchez Herrera, asesor financiero del Colegio de Economistas, quien explica que, a raíz de esta situación, no tardarán en llover los amparos.
El Senado tiene que corregir y pulir esta iniciativa, sugiere el licenciado. Como ejemplo pone el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien concluido su cargo no gozará de pensión y ahora no tendrá la oportunidad de emprenderse en la iniciativa privada. Esta ley existe en otros países, pero con términos más ligeros; Estados Unidos o Canadá, cinco años. Japón, España, dos años.
En el caso de servidores públicos que terminan todavía en condiciones de trabajar su cargo, se les está prohibiendo la oportunidad de desempeñarse en otras ramas. Gente, se supone, preparada, estaría diez años sin la conformidad de laborar en la iniciativa privada.
La ley en México respecto a este tema era muy laxa, complementa Gerardo Sánchez, pues antes sólo era de un año. La iniciativa se ve como anticonstitucional, violando lo que dice el Artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. (…) Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”.
El asesor del Colegio de Economistas asegura que va en contra de la productividad, no sólo personal, sino de la sociedad en sí. Esto también imposibilita a la iniciativa privada en buscar opciones de posibles buenos trabajadores. Gerardo Sánchez sí cree que sería ideal homologarse con los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a la propuesta de cinco años como máximo para el caso particular de los servidores públicos de altos rangos.
Se está privando a la ciudadanía en sí de trabajo, sugiere el licenciado. La ley, que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, necesita corregirse en el Senado para que cuando ésta regrese en septiembre en el periodo ordinario a su cámara de origen, no afecte tanto a los ex funcionarios públicos.
¿Quién querrá trabajar en puestos públicos? Se preguntan en el Colegio de Economistas si se les está congelando, después de concluidos, por tanto tiempo su posibilidad de obtener un ingreso mediante la iniciativa privada.
No sólo se está violentando un artículo constitucional, sino que se está jugando disparejo con los derechos humanos y las garantías individuales de los funcionarios públicos. La igualdad ante la ley: “Todas las personas son iguales ante la ley. El contenido de la ley deberá atender a las circunstancias propias de cada persona a fin de crear condiciones que permitan el acceso a su protección en condiciones igualdad”; libertad de trabajo, profesión, industria y comercio: “Las personas tienen derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse por determinación de autoridad competente y dentro de los términos que marque la ley. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”, por nombrar y citar algunos, son de los derechos humanos que se ven más afectados. Aunque sí hace falta una indexación correcta de los sueldos de algunos funcionarios públicos, tampoco se les puede impedir sumarse a la iniciativa privada.
