- Padres de familia muestran reticencias a las cuotas escolares por desconfianza
- Al menos 300 trabajadores de la Federación esperan devoluciones del Issste
Es necesario que adecuar la Ley de Educación a fin de garantizar que este derecho sea realmente gratuito para los padres de familia, ya que con reticencias continúan colaborando económicamente para que sean posible ciertas acciones en las escuelas.
El dirigente de la agrupación Cimientos del Magisterio, Francisco Javier Flores Flores, expuso esta necesario readecuación al Ley General de Educación en el ámbito federal y local, además que maestros y asociaciones de padres de familia realicen esa labor de convencimiento.
Lo anterior lo basó el profesor en la reticencia que prevalece entre algunos padres de familia de colaborar con las escuelas donde estudian sus hijos con las cuotas escolares, la cual la atribuyó a que en ocasiones no se reflejan estas en los planteles a manera de mejoras en la infraestructura o en actividades escolares: “Si los padres de familia ven incongruencias en las cuotas escolares no van a querer cooperar”.
Recordó que ya existe una regulación para las asociaciones de padres de familia de las escuelas, en la que se prevén sanciones para quienes hagan malos manejos con los recursos económicos y materiales, así como para los consejos escolares de participación social, donde no sólo intervienen los maestros, sino que hay una combinación de actores educativos como líderes sindicales y vecinos, quienes apoyan al cuidado de los planteles en temporada vacacional.
“Lo que se tiene que hacer es que quien cometa fraude o engañe a los padres de familia se le impongan sanciones, no hay de otra, la reglamentación ya está y se tiene que aplicar”, manifestó el activista del gremio magisterial.
El docente expuso que una buena parte de maestros activos y jubilados, así como funcionarios públicos de la Federación, perciben muchas anomalías respecto al servicio médico del Issste, luego de la renuncia de Fernando Palomino Topete.
La preocupación se centra específicamente en la devolución de dinero que por diversas causas el Instituto les descuenta de manera ilegal, luego de que concluye el pago de un préstamo o al finiquitar alguna vivienda, y ante las reclamaciones no encuentran respuesta a pesar de que los trámites ya llegaron hasta la Ciudad de México a oficinas centrales.
Según Francisco Flores, se trata de 300 trabajadores que se encuentran en esta situación, cuyos adeudos son mínimo de 18 mil pesos por persona y que asciende a un monto de cinco millones de pesos.
Por ahora no queda más que insistir en la devolución de esos recursos, ante la certeza generalizada de que esos recursos no están inactivos, aunque las ganancias no son para los trabajadores que siguen esperando la devolución de los descuentos a sus cheques que iniciaron mínimo hace cuatro meses.
