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jueves, febrero 5, 2026

Pocas personas se atreven a denunciar el delito de tortura del sexenio pasado

Claudia Rodríguez Loera
Claudia Rodríguez Loera
Reportera en La Jornada Aguascalientes.

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Aunque paulatinamente familiares y víctimas de tortura han decidido presentar denuncias formales ante varias instancias como la Fiscalía General, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aún son pocas en comparación a las 500 personas que aseguran haber sufrido estas agresiones por parte de funcionarios estatales en el sexenio anterior.

Felipe Hinojo Alonso, quien desde hace varios meses representa a las personas que señalan haber sido víctimas del delito de tortura, informó que será en este mes cuando el representante de ONU-DH visitará el estado, atraído por estos casos y la denuncia penal al exprocurador de Aguascalientes.

Al momento se adhirieron con denuncias 15 personas a los más de 193 casos que documentó la CNDH, además de 19 que ya están integradas en la recomendación que emitió; aunque aún quedan todas aquellas víctimas por las que tratan se adhieran con sus denuncias, ya que hasta ahora nueve ya presentaron el procedimiento a la Fiscalía local y poco más de 30 que exteriorizaron sus testimonios a la ONU-DH, aunque dijo saber que esta instancia documentará todos los 500 casos.

El activista presentó copia de una carta enviada por Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida al gobernador Martín Orozco Sandoval con copia al fiscal estatal, Jesús Figueroa Ortega, fechada el 18 de julio del presente año. 

En la misiva informa sobre el contacto de Hinojo Alonso con esta representación internacional para facilitar el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, además de recordar que los gobiernos están obligados a poner a disponibilidad recursos y medidas para evitar que se repitan actos como los denunciados; además que pide garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Para el activista el respaldo de ONU-DH es lo que realmente le ha dado confianza en continuar con este tema, ya que recientemente recibió mensajes intimidatorios e intervención de su equipo celular, lo que considera es consecuencia de la denuncia penal en contra de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, ex procurador general del estado y de quien resulte responsable: “Es una denuncia donde se tiene que investigar a todos los actores que participaron en ello -delitos de tortura- y fue con la instrucción de quien en ese tiempo era el gobernador”.

Consideró que esa denuncia que él interpuso ante la delegación de la Fiscalía General de la República fue lo que detonó que la ONU-DH esté trabajando en la entidad con una investigación.

 

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