Si entendemos que la política criminal son los criterios del Estado para prevenir, actuar, reaccionar y reprimir el delito, y que eso refleja si la sociedad a la que se dirige es opresora o liberadora, pareciera que la difusión masiva de problemas delictivos buscara justificar la reacción violenta, en contra de garantías de cualquier persona, con tal de dar una solución.
Es cierto que los medios de comunicación tienen derecho a ejercer su libertad de expresión y exteriorizar un mensaje o contenido; y a su vez, tanto los medios como la sociedad tienen el derecho a la información, que implica contar con datos adecuados para favorecer al libre desarrollo de la personalidad y generar un debate democrático útil para la vida de la comunidad, y no uno etiquetante o discriminatorio, que genere división y pueda incrementar la violencia.
Ahora bien, estos derechos de libertad de expresión e información no pueden ir en contra del derecho a la privacidad e intimidad de las personas, que implica que no sean conocidos, ni dados a conocer, hechos, circunstancias o cualquier información personal sin su consentimiento. Así, la dignidad, individualidad, libre desarrollo, inviolabilidad, sentimientos, recuerdos, hogar, interioridad, aspectos corporales o incorporales, relaciones familiares, honra, domicilio, honor o reputación, etc., de una persona, no pueden ser tocados, difundidos o comunicados sin su autorización expresa, plena, libre y voluntaria. Por ello en materia penal, si una persona es señalada como autor de un delito, no puede ser presentado como culpable, mucho menos tratado de esa manera frente a la sociedad, hasta en tanto no exista una sentencia definitiva que lo declare autor del delito. Por otro lado, el afectado por el hecho, tampoco puede ser exhibido, y debe protegerse su integridad, para evitar una doble victimización.
Por ello los medios de comunicación al ejercer sus derechos de expresión e información, cuentan con obligaciones y una gran responsabilidad, que no solamente implica evitar dañar la dignidad y privacidad de los involucrados en un supuesto hecho delictivo (supuesto autor, supuesta víctima, familiares, etc.), sino también el ser cuidadosos en la información que comunican, ya que puede afectar el debido proceso, y llegar a generar impunidad.
Debe quedar claro que el nuevo sistema penal no prohíbe que se informe a la sociedad sobre hechos posiblemente delictivos; los medios de comunicación cumplen una labor importante al otorgar datos que ayuden a la sociedad a prevenirse y protegerse, pero la información debe ser tratada de la mejor manera que genere un debate democrático, no afectar a los involucrados, ni causar impunidad. Entonces, ¿qué debe hacer un medio de comunicación al cubrir y comunicar un hecho aparentemente delictivo? 1. Dar información general del evento, mostrar todas las versiones y no condicionar la mentalidad de la población ni prejuzgar sobre el hecho; 2. No difundir ni utilizar los nombres verdaderos de los involucrados, ni presentarlos como culpables o víctimas del hecho; 3. No mostrar imágenes de rostro o características que puedan identificar claramente a víctima o imputado; y 4. No difundir datos sensibles de información o imágenes que puedan identificar las personas o detalles del hecho, que generen su estigmatización, revictimización o sugestión de las autoridades.
Un indebido tratamiento de la información relacionada con un hecho posiblemente delictivo además de dañar a la dignidad y privacidad, por violación a la presunción de inocencia y victimal, causará una afectación al proceso, al provocar un efecto corruptor del juez y de la prueba, ya que el primero llegará condicionado y con prejuicios a las audiencias, y la evidencia estará contaminada por falta de objetividad e imparcialidad; esto será una posibilidad de condenar a un inocente, o absolver a un responsable, dañando aún más al afectado, todo lo que se traduce en impunidad, que las leyes o el sistema no provocarán, sino otros sectores de la sociedad.
Recordemos que el sistema de justicia penal acusatorio y sus leyes no tienen tantas culpas como se le atribuyen, sino que son la víctima expiatoria de las injusticias de la sociedad del que forma parte. Si queremos disminuir la delincuencia, si queremos evitar que las personas hagan justicia por propia mano; la solución es aún más sencilla: dejemos de ignorar a los demás y de cerrar los ojos a la realidad: hay que invertir en la satisfacción de las necesidades sociales, y generar políticas públicas que atiendan el problema delictivo en una visión global, desde todas sus vertientes sociales, y que nuestra política criminal mexicana, deje de ser más criminal que política.
