Más de alguno nos hemos topado reiteradamente con términos como igualdad y equidad como supuestos a alcanzar dentro de las propuestas por parte de políticos, funcionarios públicos, académicos, profesionistas en general. En los diferentes movimientos sociales ocurridos a lo largo de estos meses hemos podido observar la imposibilidad que tienen los tomadores de decisiones para implementar las acciones que permitan que los seres humanos en nuestras interrelaciones logremos realmente el acceso a dichos supuestos, pero además que podamos gozar de un mayor número de oportunidades en todos los ámbitos.
Si bien desde el ámbito académico podemos exponer la falta de igualdad y equidad en el acceso y consumo de ciertos bienes y servicios, así como la falta de equidad en el ámbito de las relaciones sociales, existe un vacío entre lo que se gesta en el papel y lo que se lograr materializar. En el ámbito de lo urbano son los planes y programas de desarrollo urbano los instrumentos que deberían de plasmar, y lograr con acciones y estrategias específicas lograr que nuestras ciudades sean incluyentes y equitativas.
Estos instrumentos tienen como objetivo el trazar las políticas de ordenamiento territorial mediante las cuales se logre que todos los ciudadanos de una urbe puedan acceder y disfrutar de la ciudad, pero con un orden que a la vez permita que los intercambios entre individuos sean de la índole que sean, se gesten en marcos de respeto, tolerancia, equidad e igualdad.
Sé que para muchos de nosotros los términos de equidad e igualdad son términos que nos pueden ser ajenos, conceptos desde los cuales nos posicionamos de discursos, pero que en la práctica no se accede a ellos, y mucho menos, si vislumbra que en un futuro cercano, se pueda acceder a ellos. De ahí que las últimas marchas, movimientos sociales y expresiones en los espacios públicos pudiéramos observar miles de voces exigiendo que la igualdad y la equidad sean una realidad, voces que exigen que su cotidianidad cambie para poder vivir en armonía y en paz.
Esas voces que se apoderaron buscaban que los políticos, académicos, técnicos y todos aquellos seres humanos que estamos involucrados en la generación de políticas públicas logremos la justicia social que tanto anhelan, pero además que tracemos los caminos, las brechas y plasmemos las oportunidades para por fin lograr la justicia social.
Una y otra vez nos topamos con profesionales que se desempeñan en cargos públicos con poca tolerancia y empatía para ver al ciudadano que acude a las oficinas gubernamentales en busca de orientación y soluciones que le permitan resolver las diversas problemáticas a las que se enfrentan, desde la necesidad de construir un nuevo cuarto con el ahorro de la tanda o el reparto de utilidades, hasta la necesidad de un permiso para la apertura de un comercio pequeño que permita un ingreso extra para la familia.
Si bien desde el Gobierno Federal se ha trabajo en ventanillas únicas y en la mejora regulatoria tratando con ello de mejorar los tiempos y transparentar los procesos administrativos en el ámbito municipal, el ciudadano común suele enfrentarse a un listado enorme de leyes y reglamentos, así como requisitos que deberá de cumplir para lograr el objetivo que lo llevó a la dependencia municipal. Si bien se reconoce que estos marcos normativos son necesarios, también se reconoce que la generación de las diferentes leyes y reglamentos en materia urbana, son poco legibles para el ciudadano de a pie.
Para comprender estas dinámicas entre servidores públicos y sociedad en general sólo es necesario tener claridad que el nivel de escolaridad promedio en México no sobrepasa los 9.1 años en la población con 15 años y más (Inegi, 2015), lo cual equivale a secundaria terminada; y que según los datos estimados por el Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2019) el 31% de la población en México tiene ingresos entre los 3 mil y 6 mil pesos.
Así, debemos tener claro en los diversos foros donde discutimos los procesos de elaboración y cambios en la política pública en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, los posicionamientos acerca del cómo podemos lograr ciudades incluyentes y sustentables, pero también ciudades construidas y pensadas para el grueso de la población la cual no tiene ingresos mayores a los 6 mil pesos mensuales y con un grado de escolaridad promedio de tercero de secundaria.
Sin embargo, en muchas ocasiones parece que hemos perdido la capacidad de observar a la ciudad como un espacio que es ocupado por individuos que tienen relaciones de intercambio, y que desde esta lógica es que ellos transforman y se apropian del espacio, viéndolo o sufriéndolo. Nuestros planes y programas de desarrollo urbano lejos están de ser instrumentos que plasmen la realidad cotidiana del grueso de la población, lejos están de comprender, que aun cuando nuestro objetivo sea distribuir a la población para lograr ciudades más densas, sustentables y eficientes, estas no pueden ser vividas y disfrutadas por los individuos con ingresos más bajos.
Entonces, ¿para quién estamos gobernando?, ¿qué sentido tiene el ordenamiento territorial si no logra abatir las desigualdades sociales? Creo que es tiempo de posicionarnos y comprender la vida cotidiana de la población más vulnerable por ingreso y escolaridad y dejar de lado la lucha de poderes intelectuales.
Inegi. (2015). Grado Promedio de Escolaridad. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía: https://bit.ly/2P0vlDx
Inegi. (14 de Noviembre de 2019). Población ocupada según nivel de ingreso, nacional trimestral. Obtenido de Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo: https://bit.ly/2rrNcu3
