Dice un conocido analista sobre temas de seguridad pública, que el Estado de Derecho en México es como los extraterrestres: todo mundo supone que existen, pero nadie lo puede ver. Esto porque la ilegalidad o la corrupción son signos dominantes de la vida nacional casi desde la fundación del Estado Nación mexicano. Véase por ejemplo el grave asunto de la violencia machista y los feminicidios, entre muchos otros ejemplos que se podrían citar.
Según Naciones Unidas, el Estado de Derecho puede definirse como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos” (https://www.un.org/ruleoflaw/es/what-is-the-rule-of-law/).
Ya en algunas colaboraciones anteriores hemos explorado y expuesto algunos de los límites y alcances del llamado “Índice del Estado de Derecho (Pasillas, E. F, “El Estado del Estado de Derecho”, LJA, 12 de mayo de 2019, y Pasillas, E. F., “El Índice del Estado de Derecho 2019”, LJA, 12 de diciembre de 2019), elaborado por el capítulo mexicano de la organización internacional The World Justice Project: https://worldjusticeproject.mx, que acaba de dar a conocer su nuevo índice 2019-20. En esta ocasión exponemos algunos de los hallazgos más importantes de su nueva publicación:
Ninguna entidad federativa mexicana obtiene una calificación mayor a 0.5, donde 1 es la mayor calificación posible. Es decir: todas las entidades federativas del país están “reprobadas”.
Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas repiten este año como los mejor evaluados de las 32 entidades, sin que esto signifique más que el hecho de que en el concierto nacional, son las menos malas. ¿Las peores? También repiten, como el año pasado: Guerrero, Quintana Roo y Puebla.
El puntaje general aumentó ligeramente en 15 entidades, descendió en 11 y se mantuvo igual en 6. Nada para celebrar. Por ejemplo, la puntuación en el factor 1: “límites al poder gubernamental”, aumentó en 26 entidades de 32.
En conclusión: consistente con la vivencia cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos, los abusos, la corrupción e ilegalidad sin fin conforman una realidad marcada por graves violaciones a las normas y leyes, que se traducen en una evidente regresión civilizatoria en todo orden que son cosa cotidiana, el Estado de Derecho aún es en 2020 papel mojado o buenas intenciones que no se concretan en protección para las personas y sus bienes a lo largo y ancho del país, entidad por entidad federativa. Así, el Estado mexicano falla estrepitosamente en una de sus misiones fundamentales. Hay evidentes regresiones, resistencias y ligeros avances. Pero ahí están, de estar, las buenas noticias: El imperio de la ley y la vigencia del Estado de Derecho son posibles, si hay voluntad política, aún en un país como el que tenemos.
@efpasillas
