- Las fiscalías especializadas tienen un déficit presupuestal que no permite contar con una efectividad condenatoria
- De las 344 investigaciones que la Fiscalía Anticorrupción en México revisó el año pasado, sólo en cinco se ejerció acción penal, lo que no precisamente quiere decir que haya habido sanción apropiada
Aunque la figura de las Fiscalías Especializadas en materia anticorrupción sí es un avance, todavía falta un largo camino para consolidar estas instituciones investigativas, no sólo presupuestal y eficazmente, sino también estructuralmente, así lo explicó Adriana Greaves Muñoz, cofundadora de la organización por el cambio y la mejora de políticas públicas nacionales en materia de justicia penal, Tojil, y experta en casos y estudios de impunidad. La abogada señaló que hace falta derogar la distinción que se estipula en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y que tiene que ver con la separación de investigaciones sobre posibles actos de corrupción internos, es decir, de la propia fiscalía, y los externos.
Dentro de las fiscalías se tiene prevista una unidad de Asuntos Internos, que es la que se encarga de revisar casos que se hayan podido detectar dentro de la institución, pero que genera opacidad puesto que le quita a la Fiscalía Especializada Anticorrupción la facultad de hacer investigaciones ahí. “Es decir, a estas fiscalías autónomas que tanto se luchó por tener, la fiscalía anticorrupción, se les está quitando la facultad de investigar la corrupción interna, y se las están dando a una unidad de asuntos internos. Esto, nosotros creemos que es ilegal, porque en realidad, constitucionalmente se le dio la atribución a las fiscalías anticorrupción para investigar todo tipo de corrupción sin arbitrariamente decir que la interna se va a investigar de una línea directa”, destacó la experta en tópicos de corrupción y justicia.
Desde esa perspectiva, las unidades de asuntos internos de las fiscalías abonan a la opacidad sobre investigaciones internas: “Lo que vemos nosotros es que las fiscalías siguen queriendo esconder la corrupción propia, interna, de las fiscalías generales”. Las unidades de asuntos internos, previstas desde la ley, son un retraso para el combate contra la corrupción puesto que no gozan de la autonomía técnica que sí fue dotada a las fiscalías anticorrupción y representan una separación que no apuesta por la transparencia investigativa e informativa.
Además de ese problema estructural, Adriana Greaves Muñoz añadió que existe un inconveniente presupuestal también en las fiscalías anticorrupción, lo cual le resta fuerza a la operatividad y que, por ende, resulta siendo un impedimento para tener mayor efectividad en las investigaciones. A reserva de ver la estadística sobre cómo cada institución local ha “logrado” la impartición de justicia en todas las entidades del país, la abogada indicó que de 344 investigaciones que se tuvieron en la fiscalía anticorrupción de México, sólo en cinco de ellas el Ministerio Público ejerció acción penal, es decir; de 344 posibles casos, sólo en cinco se pudo imputar alguna responsabilidad, lo que no precisamente quiere decir que esos cinco hayan terminado en una sentencia condenatoria: “En el 2019 la fiscalía anticorrupción solamente ejerció en cinco casos. Estás hablando de una deficiencia institucional enorme”.
Sugirió que, para poder comenzar a hacer un cambio verdadero es necesario que desde el legislativo se dirijan partidas presupuestales directas para cada fiscalía anticorrupción, puesto que la Fiscalía General no les está dando recurso a estas instituciones. Adriana Greaves contó que ella conoce fiscales anticorrupción que sólo cuentan con dos Ministerios Públicos, que, incluso, hasta son mal pagados. A pesar del avance que ya se tiene respecto a que ya existen instituciones investigativas en materia de corrupción, el eslabón perdido sigue siendo la poca efectividad que éstas siguen teniendo y que se derivan de problemas estructurales.
