- Amnistía Internacional publicó informe sobre deplorable situación del personal sanitario
- Llaman a proteger derechos del personal sanitario durante y después de la pandemia
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En el continente americano los Estados no protegen de forma adecuada los derechos del personal sanitario que trabajan en primera línea contra la pandemia de COVID-19, inclusive algunos los menoscaban, señala un informe de Amnistía Internacional.
Mientras representantes de los gobiernos se reunieron en la asamblea anual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tomar decisiones fundamentales en relación con la respuesta internacional a la pandemia del Covid-19, al mismo tiempo Amnistía Internacional publicó un informe sobre la deplorable situación del personal sanitario en las Américas para, a través de él, instar a los países de la región a conceder prioridad y proteger los derechos del personal sanitario durante la pandemia y después de ésta, y hace un llamamiento a Estados Unidos para que tome medidas rápidas y contundentes para garantizar la continuidad de la financiación de la OMS.
En un documento denominado: El costo de curar, los derechos de personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá, documenta cómo quienes se enfrentan en primera línea a la pandemia trabajan a menudo en condiciones inseguras con equipos de protección insuficientes y se arriesgan a sufrir represalias de las autoridades o los empleadores si denuncian su situación, mientras que en algunos casos han sufrido incluso amenazas de muerte y ataques físicos. El informe pide también a los gobiernos que garanticen unas condiciones de trabajo seguras para las personas que trabajan en el área de limpieza y otro personal de apoyo que está en situación de riesgo debido a su trabajo en instalaciones de atención de la salud y residencias de personas mayores.
“En las Américas viven casi la mitad de las personas del mundo que han dado positivo en las pruebas para detectar el COVID-19, con alrededor de dos millones de casos confirmados. Mientras Latinoamérica sufre sus semanas más mortíferas, es de vital importancia que todos los países se unan para garantizar que la financiación de la salud no se ve menoscabada en este momento decisivo. Esta pandemia no conoce fronteras, y Estados Unidos debe apoyar una solución global uniéndose a otros países en la financiación de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que su capacidad técnica y de personal experto se despliega donde más se necesita”, afirmó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De 21 entrevistas en profundidad realizadas por Amnistía Internacional con profesionales sanitarios en Estados Unidos, México, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Paraguay, sólo en dos casos dijeron a Amnistía Internacional que consideraban que tenían equipos de protección personal (EPP) adecuados o casi adecuados. El resto plantearon motivos de preocupación relativos a la falta de EPP adecuados. También plantearon inquietudes relativas a bajas por enfermedad, periodos de descanso y apoyo de salud mental inadecuado en el trabajo.
De igual forma, numerosos profesionales de la salud expresaron su temor a sufrir represalias por denunciar condiciones de trabajo inseguras, y algunos de quienes hablaron con Amnistía Internacional habían sido despedidos de su empleo por denunciar irregularidades o habían sido objeto de procedimientos disciplinarios en el trabajo.
Otro común denominador es que los profesionales de la salud han sufrido estigmatización, ataques físicos, amenazas de muerte y denegación de uso del transporte público en países como Colombia y México, e incluso lapidación pública en Bolivia. Mientras que algunos gobiernos han respondido a este tipo de ataques con declaraciones inmediatas y acciones de sensibilización para apoyar públicamente el papel que desempeñan las personas que trabajan en el área de la salud, otros dirigentes han tomado medidas para menoscabarlas. A mediados de abril, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, vetó dos decretos que habrían reforzado la seguridad del personal sanitario en el trabajo.
