APRO/Álvaro Delgado
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió este martes con el titular de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para acordar que por compromiso presidencial “no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos”.
Lo anterior, luego de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que encabeza Mara Gómez, aseguró que el recorte de 75% en gastos operativos frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento.
En un comunicado, que no dejó claro si el Gobierno Federal desiste de su idea de recortar 75% del gasto a la CEAV, como sí ocurrió ayer con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que el tema de la reunión entre Herrera y Sánchez Cordero fue “el recorte presupuestal indicado recientemente para las dependencias del Ejecutivo federal”.
El encuentro, en el que también participó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se produjo luego de que este mismo día la CEAV emitió un comunicado para alertar que el decreto presidencial “frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento”, como en ningún otro órgano del Gobierno Federal.
“La CEAV no es propietaria de ningún inmueble en los que opera; la mayoría de los servicios son subcontratados y gran parte del personal fue contratado –desde el origen de la institución– de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing. Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios”, apuntó el organismo.
Añadió: “Aunque la CEAV argumentó que se encuentra en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del decreto, la SHCP determinó la reducción del 75% del gasto corriente de la Comisión Ejecutiva, que asciende a 139.4 millones de pesos, sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros.
“Es preciso señalar que los gastos de renta, agua, luz, telefonía y otros servicios básicos contratados para la operación de la CEAV, ascienden a 121.9 millones de pesos por lo que resta del año”.
Tras ese comunicado se realizó la reunión de los dos secretarios de Estado y el subsecretario Encinas, y la Secretaría de Gobernación estableció que no habrá afectación en ese tema: “En la reunión, los funcionarios revisaron esta disposición y reiteraron el compromiso del presidente con los derechos humanos, los cuales son y serán una de las prioridades de este sexenio, como lo determina la fracción V, punto 38 del decreto presidencial por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública federal bajo los criterios que en el mismo se indican, publicado el pasado 23 de abril”.
Por lo tanto, subrayó, “se reitera que no se dejará de prestar apoyo integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos y delitos; tampoco se desistirá de defender, promover y garantizar los derechos humanos desde las distintas áreas de la Secretaría de Gobernación”.
