El gobierno de López Obrador espera un salvavidas con el caso de Emilio Lozoya. En el argot policiaco es uno de esos casos a los que se les llama “pez gordo”. Y es que el ex funcionario, además de ser uno de los más cercanos al grupo de Atlacomulco, está señalado por presuntos vínculos con el caso de corrupción más grande de América Latina, me refiero a Odebrecht.
Tras su detención y extradición al país, luego de ser detenido en España, vendrá un reforzamiento intenso de la retórica anticorrupción vinculada a los sexenios anteriores. De eso, no hay duda. Al gobierno morenista le urge una válvula de escape frente al terrible escenario nacional en el que se cuentan miles de muertos por coronavirus, finanzas en quiebra y episodios permanentes de violencia criminal.
Por ello el ex Director de Pemex “vale oro” para López Obrador, porque es el árbol caído del que puede hacer leña. Es un personaje que le permitirá orientar la atención de la opinión pública hacia otro lado que no sea el desastre que vive el país y que experimentan en carne propia millones de mexicanos. Ya vimos, por ejemplo, como lo usa desde ahora para golpear la reforma energética.
Y es que Lozoya Austin está marcado con un sello indeleble: forma parte de la nueva generación de priistas que llegaron con Peña Nieto al poder, muchos de los cuales están en prisión porque se les han comprobado distintos delitos relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
Al exdirector de Pemex se le imputan al menos tres delitos en el país: delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. También está vinculado con la compra en 2014 de Agro Nitrogenados y grupo Fernatinal, dos empresas vinculadas a Odebretch, por las que Pemex pagó 11 mil millones de pesos.
Por eso el ex Director de Pemex es un blanco perfecto para AMLO, porque valida en el imaginario de los mexicanos: la corrupción, la mafia del poder, la cuarta transformación y todos esos conceptos que forman parte de su discurso desde campaña, un discurso con el que se ganó la confianza de muchos.
Sin embargo, en la realidad su gobierno trata de forma distinta la corrupción. Siempre hay una justificación para los funcionarios que han sido exhibidos por irregularidades en el desempeño de sus funciones y en el manejo de recursos públicos, o por ocultar información en sus declaraciones de bienes o tener conflictos de interés. Ahí están el Director del IMSS, el Director de la CFE, la titular de la Conade y la de la Función Pública como ejemplo.
Por eso podemos afirmar que el combate a la corrupción es una simulación y la detención de Lozoya Austin es sólo una válvula de escape para el gobierno federal de Morena. Porque al menos en lo que va de este sexenio, el presidente López Obrador no ha querido actuar contra los funcionarios de su gobierno que han sido señalados a través de distintas investigaciones periodísticas, y porque el discurso es cambiante cuando se trata de responsabilizar a los exfuncionarios del pasado cuyos vínculos yacen en el PRI, PAN o algún otro partido político que no apoye su proyecto de gobierno.
Surgen varias interrogantes del montaje que veremos en próximos días: ¿se acabó el pacto de impunidad con el gobierno anterior?, ¿será Emilio Lozoya un caso aislado dentro de la cadena de corrupción de Odebrecht en México?, ¿irá el gobierno de López Obrador por el ex Presidente Peña Nieto?
Que cada quien saque sus conclusiones.
