APRO/Alejandro Gutiérrez
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recibió este lunes 29 un escrito de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que acepta su consentimiento para ser entregado a la Fiscalía General de la República de México, que le reclama por un presunto delito de blanqueo de capitales por la operación de compra-venta de la planta de Agro Nitrogenados de AHMSA.
Fuentes jurídicas confirmaron que Lozoya aceptó por escrito su entrega y con ello renunció a la vista (audiencia judicial) que estaba prevista para celebrarse en breve en la Audiencia Nacional, donde se determinarían los siguientes pasos en el proceso de extradición al que está sometido.
A partir de este cambio de estrategia judicial, la Sala Penal estudiará el convenio de extradición entre el Reino de España y México, para ver si este permite una extradición simplificada.
Este procedimiento simplificado evitaría la necesidad que el caso pase por el Consejo de Ministros para que dé su última palabra para dicha entrega; de no permitirlo, el caso tendría que pasar por la necesaria aprobación del Consejo de Ministros.
Otras fuentes jurídicas explicaron que al no haber más controversia en el proceso de extradición de Lozoya, sólo habrá que esperar que se agoten trámites burocráticos dentro del juzgado de la Audiencia, del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español.
Esto aceleraría la entrega del extitular de Pemex a México, aunque por el momento permanecerá en prisión.
Poco antes que se confirmara esta información en la Audiencia Nacional, en México el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, adelantó la información al señalar que Lozoya presentó ante la Sala Penal de la Audiencia su solicitud aceptando ser extraditado a México.
Emilio Lozoya Austin presentó “su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General; y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas, ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados”.
El 25 de enero de 2017, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Odebrecht, misma que no concluyó en más de dos años; razón por la cual, al inicio de las funciones de la nueva Fiscalía, tuvimos que retomar ese caso para establecer, con toda precisión, los delitos cometidos y los posibles responsables, explicó el fiscal.
Recordó que se inició todo el proceso de extradición, obteniéndose de inmediato el aseguramiento de inmuebles vinculados con el lavado de dinero.
La Fiscalía también presentó denuncia en 2019, por delitos con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agro Nitrogenados.
Gertz explicó que “ambas investigaciones permitieron a esta Fiscalía, en los meses de mayo y julio del año pasado, obtener del Poder Judicial Federal, órdenes de aprehensión en contra de la persona referida, tanto en el caso Odebrecht, como en el caso de Agro Nitrogenados”.
Sin embargo, por una filtración de información, Lozoya logró huir de México, y durante ocho meses, con la participación de Interpol, se realizó una búsqueda internacional en Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia y España.
El pasado 12 de febrero, la Policía Nacional logró detener a Lozoya en las inmediaciones de la Zagaleta y trasladado a la comisaría de Málaga, y de inmediato la fiscalía mexicana solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramitara la extradición del ex titular de Pemex.
Al ser puesto a disposición del juez de instrucción de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el 13 de febrero, el magistrado resolvió declarar la prisión provisional incondicional y comunicada para Lozoya, por el “fundado riesgo de fuga”, sobre todo porque usó una identificación con el nombre falso de Jonathan Solís Fuentes, “de lo que se desprende una intención de sustraerse a la acción de la justicia”.
El magistrado explicó que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –equiparable al de blanqueo de capitales en España– supone una pena máxima de 15 años.
En dicha comparecencia, que se celebró por videoconferencia desde un juzgado de Marbella, el juez Moreno preguntó expresamente a Emilio Lozoya, quien respondió al magistrado no aceptar la extradición.
Pero ahora, Lozoya cambió su estrategia y decidió ponerse a disposición de las autoridades mexicanas, por lo cual México llevará a cabo una serie de gestiones burocráticas ante España, que permitan, en un plazo inmediato, el traslado de Lozoya a México.
“Con tal fin, esta Fiscalía ha realizado las diligencias necesarias para trasladar a este individuo, desde España hasta México, en una aeronave de bandera mexicana, con objeto de cumplir con todas las previsiones de seguridad y de salud en la internación a nuestro país”, dijo Gertz en México.
Añadió que una vez que se cumpla esta etapa, se iniciarán de inmediato “las diligencias procedentes para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados y sus beneficiarios, de los delitos ya señalados, incluyendo personas de relevancia o grupos políticos que hayan participado, o se hayan beneficiado de estos despojos a la nación mexicana”.
Señaló que la “relevancia del tema obliga a la transparencia absoluta de esta investigación, y a una equidad fuera de duda”.
Cuando se termine el procedimiento, Lozoya saldrá de la prisión madrileña de Navalcarnero para ser trasladado al aeropuerto a su entrega a las autoridades mexicanas.
