- Es un país donde se criminaliza a las mujeres y se permite y tolera la violencia sexual
- La SCJN deberá dejar clara su postura respecto a los derechos de las mujeres
En México las mujeres tienen en cada entidad ciudadanía diferenciada debido a que en los últimos 30 años ha pasado por un proceso muy complejo de armonización legislativa, que igual beneficia a algunas en sus estados mientras que en otros se les niegan sus derechos, manifestó Patricia Olamendi Torres, integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre los temas de discriminación en la ley hacia las mujeres.
Consideró que criminalizar a las mujeres que abortan en Veracruz es ponerla en calidad de ciudadanas de segunda, pues su legislación señala que quien decida interrumpir su embarazo debe pasar por una especie de proceso reeducativo, lo que hace evidente que el Congreso debe recomponer esa situación, pues hay varios acuerdos internacionales ratificados a favor de los derechos de las mujeres, “además de hacer vigente la NOM 046, porque la única posibilidad que tienen las niñas en este país donde se permite y se tolera la violencia sexual en un extremo impresionante, ahí tenemos embarazos de niñas de 9 y 10 años, es aterradora la cifra; México realmente es un paraíso para los abusadores y violadores sexuales. Se criminaliza a las mujeres y se permite a los hombres que sigan haciendo lo que hacen”.
Para la abogada, es necesario llevar esta discusión más a fondo y señaló que es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deje clara su postura y demuestre si está a favor de los derechos humanos de las mujeres y dejar claro que esas legislaciones violentan los Derechos Humanos de las mujeres, pues asegura llevar un protocolo con perspectiva de género, mientras que la realidad es que las mujeres siguen padeciendo la ausencia de sus derechos.
Respecto a las posibles presiones que pudiera recibir la SCJN, si esto lo permite, recordó que la libertad religiosa forma parte también del Estado laico, por lo tanto, las opiniones religiosas no pueden ser tomadas en cuenta al momento de decidir y menos sobre los derechos humanos, lo cual deberá quedar claro en la discusión.
Recordó que el Congreso de Veracruz tiene una alerta de género precisamente por agravio comparado, por lo tanto, también tiene que legislar a favor de los derechos humanos de las mujeres.
Consideró que otro aspecto que debe quedar claro, en el caso de Veracruz, es la postura del partido mayoritario del Congreso, que en este caso es Morena, entonces se hace necesaria una definición de este organismo político, que se dice de izquierda, y quienes así se asumen mantienen una postura laica, sin fundamentalismo religioso.
“Entonces esperaríamos una postura favorable a los derechos humanos en esta legislación que proteja la vida de las mujeres y parte de ese derecho también es a no ser criminalizada y no perder la vida a causa de un aborto mal practicado o de seguir un embarazo cuando eres una niña que no tiene las condiciones elementales para mantenerlo”, subrayó la coordinadora del mecanismo “Convención de Belém Do Pará”, para erradicar la violencia contra las mujeres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Manifestó que la expectativa ahora es que las ministras y los ministros de la SCJN sean consecuentes con el curso que han venido señalando, empezando por el presidente, quien se ha caracterizado, o así lo ha dicho, por la defensa de los Derechos Humanos.
