A propósito de la conmemoración del 25N quisiera hacer una reflexión en torno a la nueva violencia que en materia política enfrentan las mujeres y cómo ésta crece con el espejismo de la igualdad que se promueve a partir de la llegada de la paridad política como obligación constitucional.
Nos asumimos políticamente como iguales pero los hilos que tejen la fina cobija de la igualdad están dando de sí, dejando ver nuevas formas de violencia política que exponen vulnerabilidades sexuales, estéticas y sentimentales que contradicen las afirmaciones patriarcales de que las mujeres estamos mejor que nunca.
Con cada elección se elevan las posibilidades en al menos un 50% de que las mujeres obtengan triunfos que las coloquen en el centro de la toma de decisiones públicas y efectivamente, al menos en el ámbito legislativo local hay una mayoría de mujeres, ellas son la prueba más cercana que tenemos del espejismo de la igualdad aunque no entraremos analizar este tema sino más bien, nos concentraremos en la nueva violencia política que nos aqueja.
Hasta antes de 2018 en el Estado, no se había tenido alguna sentencia pronunciada y ejecutada por motivo de violencia política contra las mujeres. La sentencia TEEA-PES-005/2018 juzgó a un periodista local por la denuncia de una candidata que señaló que sus manifestaciones a través de sus redes sociales constituían “una expresión vejatoria en su contra, la que, en su opinión, no alcanza protección bajo el amparo de la libertad de expresión o de la crítica severa permitida en el contexto de un proceso electoral, ya que no aporta elementos en función del interés general o al derecho a la información”. El mensaje denunciado se mantuvo publicado del veinticuatro de abril al nueve de junio, es decir, un total de cuarenta y seis días.
A juicio del Tribunal se cumplieron con los elementos para acreditar la violencia política contra las mujeres los cuales consisten en que los hechos se den en el marco del ejercicio de derechos político- electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, sean perpetrados por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de estos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; seas simbólicos, verbales, patrimoniales, económicos, físicos, sexuales y/o psicológicos; tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político- electorales de las mujeres y, se basen en elementos de género, es decir que se dirija a una mujer por ser mujer, tenga un impacto diferenciado en las mujeres o, les afecte desproporcionadamente.
Por lo anterior se le impuso una pena al periodista consistente en el pago de una cantidad simbólica. Con este asunto quedaron en la mesa entre otros temas, los límites a la libertad de expresión de periodistas en portales digitales de social media los cuales no son un escaparate sin límite para la agresión sin consecuencia ya que no pueden ser exentos de cuidar sus expresiones cuando éstas provoquen un delito, ataquen la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturben el orden público.
A partir de este caso, no deja de sorprenderme cómo a pesar de que continúan las expresiones de violencia política contra mujeres que actualmente ostentan un cargo público, las denuncias y los casos se mantienen en uno. La falta de denuncia nos aleja de la igualdad con todo lo que acceso a la justicia implica (y que ya hemos venido platicando), además se sigue perpetuando esta falsa igualdad donde las mujeres se asumen iguales a los hombres, entonces ellas soportan los nuevos tipos de violencia pues creen falsamente, es el coste de la contienda y del ejercicio público. Nada más alejado de la realidad, la violencia que sufren las mujeres es diferente cualitativamente; a las mujeres se les violenta además de por ser mujeres, por ser pobres, afrodescendientes, indígenas, mayores de 50 años, solteras, madres solteras, amas de casa y un largo etc. Así de diversa es la violencia (no sólo) política que sufren las mujeres candidatas y de las que logran los cargos públicos; así de diversa como los municipios o distritos que representen.
Por otro lado, no hay que perder de vista el tema del confinamiento a causa de la pandemia y cómo está afectando a las mujeres sobre todo en forma violenta en los hogares. Teniendo en cuenta que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, el encierro hace que se incremente el riesgo de violencia contra ellas en la medida en que aumenta el tiempo de convivencia; se generan conflictos alrededor de cuestiones domésticas y familiares; la violencia se prolonga sin que sea interrumpida y se genera una percepción de seguridad e impunidad del agresor.
Sobre estos contextos, en breve tendremos candidatas y candidatos registrados para disputar alguno de los distintos cargos legislativos y municipales en contienda electoral y, aunque todavía no empiezan las campaña, la sociedad debe ya estar alerta y pendiente de cualquier expresión que pueda constituir violencia política de género. A pesar de las dificultades que debemos enfrentar con la nueva normalidad, es importante la denuncia individual y social; ante los temas de violencia contra las mujeres lo que puede cambiar las cosas y acercanos a la igualdad es la denuncia, el acceso a la justicia.
Finalmente, algo de suma importancia es que las próximas legisladoras, presidentas municipales, regidoras y síndicas estén preparadas y alerta para ejercer sus cargos libres de violencia y para no sumar a patrones patriarcales que perpetúan la idea de falsa igualdad, para eso lo indispensable será que hagan un esfuerzo por estudiar y conocer la historia, los alcances y las diferencias de la participación política de las mujeres. La educación nos ayudará a no ejercer y a que no sea ejercida sobre nosotras ningún tipo de violencia.
